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El Observatorio de la Realidad Financiera - ORFIN- estima para 2021 un crecimiento del PIB de la economía española del 6,2% en el escenario central, con un déficit público del 8,5% del PIB, un aumento de la deuda pública que la llevaría al 122,5% del PIB y una tasa de paro del 16,5%. El rebrote del virus en Europa y en España han frenado la recuperación y este organismo espera ya una recaída del PIB en el primer trimestre de este año del 0,5% trimestral. Eso para empezar a poner encima de la mesa unos nubarrones que, sí, están dejando a mucha gente atrás solo hace falta ver la rebelión de unos hosteleros que deben cerrar sus establecimientos pero no reciben las ayudas de otros de sus colegas europeos.
Cierto es también que el coronavirus es un impacto no económico. Es un meteorito que ha impactado de lleno en nuestras finanzas y está provocando destrozos inauditos en sectores clave pero, al contrario que la crisis financiera de 2009, la recesión nada tiene que ver con la acumulación de desequilibrios económicos, financieros o fiscales. Nada que ver, tampoco, con fallos regulatorios o, como ocurrió con la crisis de deuda de la eurozona, con errores de política económica.
Esta vez, la mayoría de las grandes economías del mundo excepto China, origen del virus, registran una caída más o menos significativa de la actividad. El output global podría haberse contraído en un 3,7% el año pasado, lo que palidece comparado con la contracción de más del 10% que podrían registrar las importaciones totales. Se estima que el output de la eurozona podría haber caído en torno a un 7%, menor que la caída del 10% registrada en el Reino Unido, pero mayor que en EE.UU. y Japón.
Aunque es cierto que China parece haberse salvado de la recesión, pues se estima que su PIB registre este año un aumento del 2,3%, también lo es que el crecimiento se podría calificar de anémico comparado con las tasas próximas al 7% registradas en el pasado. Una frase lo resume todo: el impacto de la COVID-19 sobre la actividad tiene proporciones históricas. No hay constancia de una recesión tan profunda en los registros existentes desde el final de la segunda guerra mundial.
Hay varios aspectos que explican que España lidere el impacto de la crisis en Europa. El impacto es mayor cuanto mayor es el peso económico de los servicios de proximidad, especialmente el turismo. André Sapir explica las diferencias entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea en función de la severidad de los confinamientos, del peso económico de las actividades turísticas, de la calidad de la gobernanza y del stock de deuda pública. Concluye que los tres primeros factores explican casi el 60% de tales diferencias en el impacto económico.
Además, comparando los países del sur con los del norte, los análisis econométricos indican que la calidad de la gobernanza explicaría entre el 30 y el 50% de las diferencias en el impacto económico de la pandemia entre los dos bloques. Parece que como bien dijo en su día Felipe González, España parece ser una Italia sin italianos, a la vista de que ellos se han unido para poner la frente del Gobierno a Draghi, el hombre capaz de salvar al euro con una frase, mientras aquí perdemos el tiempo hablando de la calidad de nuestra democracia mientras los comedores sociales se llenan. Italia se teme lo peor y quiere gente solvente al frente para cuando llegue el maná de los fondos europeos. En España, veremos si somos capaces de no dilapidar el maná una vez más.
Pero sigamos con la radiografía realizada por el Observatorio de la Realidad Financiera. Porque no de todo tienen culpa nuestros políticos. España sufre de una serie de desequilibrios ligados a la baja productividad y al elevado paro estructural, que a la postre la hacen muy vulnerable a los choques externos. Y este es uno mayúsculo.
Al cerrar 2019, la productividad por trabajador de España era tan solo el 88% de la media de la eurozona y desde 1998 ha estado fluctuando entre un mínimo del 82% en los años previos a la crisis financiera y un máximo del 90% al iniciarse la recuperación de la crisis de deuda hacia 2014. Así pues, la evolución de la productividad española en las dos últimas décadas no muestra signos de convergencia con la productividad del agregado de la eurozona. Es interesante destacar que los niveles de productividad por hora trabajada muestran una evolución similar desde finales de los noventa. La productividad por hora trabajada en España en 2019 fue tan solo el 77% de la media de la eurozona. Las razones de esta baja productividad son bien conocidas y están ligadas a una comparativamente baja acumulación tanto de capital humano como tecnológico (I+D+i), así como a un menor esfuerzo inversor en activos intangibles. Y no somos capaces de superar este lastre.
En las distintas recesiones el paro ha afectado a los trabajadores más vulnerables, en especial a los menos cualificados, que coinciden con los de salarios más bajos. Según datos de Eurostat para la primera mitad del año pasado, el empleo de los trabajadores de bajo nivel educativo cayó alrededor de un 12%, mientras que sólo un 2% de los trabajadores con nivel universitario perdieron su empleo. Por otro lado, la probabilidad de perder el puesto de trabajo en España en el segundo trimestre del año pasado fue tres veces mayor para los trabajadores de bajos ingresos que para los que obtenían ingresos más elevados.
Pero aún hay esperanza. El Observatorio señala en su informe que en el caso español, los fondos europeos podrían aportar hasta casi un 4% al PIB acumulado para el ejercicio 2023 y hasta un 8% para el año 2027. En buena parte gracias a la aportación de los fondos europeos, España podría recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia en torno al segundo semestre de 2022 o el primer trimestre de 2023, ha apuntado el economista, autor y director de la Cátedra sobre la realidad financiera de Thinking Heads-Universidad de Alcalá de Henares, José Carlos Díez, quien ha opinado que una posible subida del Salario Mínimo del 0,8% como proponía el Ministerio de Trabajo "no es un problema", pero sí "ir marcha atrás" en el mercado laboral, y ha instado a trabajar en el nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Respecto a las medidas, Díez ha tildado de "aberración" que algunas CC.AA. no hayan gastado el dinero recibido por parte del Estado y registren superávits en la peor crisis, por lo que apoya que el Gobierno se centre en la reestructuración de la deuda de las empresas y en los programas ICO, ya que lo aprobado el año pasado es "insuficiente". Aunque cree que hay que ser "prudentes" con las ayudas dado el alto nivel de déficit, ha insistido en la necesidad de ayudas directas, por ejemplo al sector de la hostelería, pero teniendo en cuenta la viabilidad de las empresas para concentrar los recursos en "salvar las que de verdad son viables".
El exdirector general adjunto en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Carlos Martínez Mongay considera que el "shock" del Covid ha sido "asimétrico" y su duración dependerá de la dureza y duración de las medidas restrictivas y de la estructura económica, en función del peso del turismo y de las actividades de proximidad. Según Mongay, la "alta incertidumbre" podría retrasar las decisiones de inversión y aumentar el ahorro, lo que lastraría el consumo, con el consecuente riesgo de que se repita el "círculo vicioso" de la pasada crisis financiera, de baja inversión, demanda y consumo y su afectación al crecimiento potencial.
Por ello, junto a las ayudas directas, los expertos del Observatorio han instado a cometer reformas y medidas que aborden el capital humano y la formación de los trabajadores, el I+D+i y a corregir los desequilibrios de déficit y deuda.
Por último, sobre el sector bancario el catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, ha apuntado que el problema estructural de baja rentabilidad derivado del entorno de bajos tipos de interés se intensifica con la crisis y cree que el "interrogante" es hasta qué nivel aumentará la morosidad. En todo caso, ha remarcado que las pruebas de resistencia del Banco de España son "tranquilizadoras", con "interrogantes" sobre las entidades que parten de menores niveles de solvencia y rentabilidad.