En su auto en el que fijó ayer noche una fianza penal de 350.000 euros para Munar, al que ha tenido acceso Efe, el juez considera que hay indicios de que la también ex presidenta del Parlament balear y de UM debía conocer las irregularidades detectadas en estas subvenciones dadas durante la legislatura pasada.
El juez imputa a Munar por estos y otros hechos seis tipos delictivos: negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos, prevaricación administrativa, delito electoral y cohecho.
En concreto, el auto menciona subvenciones para la realización de programas audiovisuales del ente Radiotelevisió de Mallorca concedidas a las empresas Vídeo U, en la que se sospecha que Munar participa mediante un testaferro; Bahía Difusión, relacionada con miembros de UM, y Xarxa de Televisions, vinculada a las dos sociedades anteriores.
El juez sospecha que Munar adquirió parte de Vídeo U junto al ex presidente de UM Miquel Nadal, quien declaró ante el juez que recibió de manos de la ex presidenta del Parlament 300.000 euros para comprarla, algo que, recuerda el juez, han ratificado cinco imputados, entre ellos su supuesto testaferro, Víctor García.
Explica que el Consell otorgó subvenciones a Vídeo U por 810.000 para realizar varios programas, uno de los cuales ni siquiera se realizó. La productora además "corrió con parte de los gastos de la campaña de UM" de 2007, en la que Munar se presentaba como número uno al Parlament.
Lope Sola cita también subvenciones de 420.000 euros a Bahía Difusión para dos programas más. Tanto las partidas dadas a Vídeo U como las de Bahía Difusión, explica el auto, tienen un denominador común, ya que se hicieron "sin contratación pública y con cargo a partida nominativa".
Cuestiona asimismo otra subvención de 280.000 euros aprobada a propuesta de Munar a la Xarxa de Televisions, relacionada con las otras sociedades mencionadas, para hacer una catalogación que finalmente no se realizó y que se avaló con facturas falsas.
Finalmente, sospecha de la licitud de subvenciones a Ambit Digital por 480.000 euros, cuyos administradores guardan relación, según el juez, con Vídeo U y Bahía Difusión.
Respecto a esta empresa, indica que, en contrapartida, se exigió la contratación de al menos 14 personas que colaboraron en la campaña electoral de UM en 2007.
También habla el juez de los cinco contratos que suscribió el Consell con Studio Media Comunicación, propiedad de Alfredo Conde, presunto testaferro del ex miembro de UM Bartomeu Vicens y que se benefició de la concesión de la radio pública del Consell, Ona Mallorca.
Indica que, a tenor de las investigaciones, la empresa no tenía "ni recursos técnicos, ni personal, ni solvencia económica" para realizar esta labor y que además se produjeron varias irregularidades en los contratos.
"En definitiva, toda la irregular contratación de Studio Media con el Consell de Mallorca, que no debió haberse producido desde un principio, no puede ser entendida, o así se estima al menos incidiariamente, sin la connivencia y activa participación de las personas que otorgaron dichos contratos, entre ellas Maria Antònia Munar", afirma el juez.