En un comunicado, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que con esta entrega se da cumplimiento al Decreto del Fiscal Superior de fecha 16 de julio de 2012 que requería el traslado de dicha documentación, conforme a lo manifestado en el escrito de denuncia remitido por dicho Comisionado del Parlamento andaluz a la Fiscalía Superior el pasado día 11 de junio de 2012.
En concreto, dicho requerimiento tiene por objeto comprobar si es preciso que desde la Fiscalía Superior se insten las "acciones legales pertinentes" contra aquellas entidades de crédito que hayan realizado estas prácticas comerciales o financieras, declarando, en su caso, la existencia de "cláusulas abusivas" y la nulidad de los contratos que se hayan celebrado "con vulneración de las disposiciones legales que les resulten de aplicación".