La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación de oficio ante el Banco de España y ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre los seguros de desempleo o vida que las entidades financieras obligan a suscribir a los ciudadanos para acceder a un préstamo hipotecario.
Según los argumentos ciudadanos que han llegado hasta la Defensora del Pueblo, cuando se quiere un préstamo hipotecario, las entidades obligan a los solicitantes a contratar con compañías aseguradoras de su mismo grupo seguros de desempleo o vida que no llegan a activarse pese a haberlo pedido expresamente el cliente.
El actual contexto de crisis económica ha motivado la llegada de diversas quejas a la institución, que relatan la situación de ciudadanos que, tras haberse quedado sin empleo, han solicitado a las compañías aseguradoras la aplicación de la cobertura del seguro por desempleo y se les ha denegado.
La Defensora del Pueblo señala que el motivo que alegan las aseguradoras para no indemnizar es que los clientes carecen de un contrato laboral indefinido, lo que, al parecer, era un requisito de la póliza. Las primas de dicha póliza suelen ser elevadas, al estar calculadas en función del préstamo concedido o de las cuotas mensuales.
La institución también ha recibido quejas de funcionarios y militares a los que las entidades bancarias también han obligado a suscribir un seguro de vida y de desempleo ligado al préstamo hipotecario, a sabiendas de que no es probable que se queden sin trabajo. En el caso de los militares, al tener un empleo de riesgo, se les excluye incluso de la cobertura de fallecimiento del seguro de vida.
Estos clientes, al conocer que no existe la posibilidad de cubrir la contingencia de desempleo y la de fallecimiento en el caso de los militares, consideran que no ha existido una información clara, ajustada y transparente por parte de las entidades bancarias.
Por ello, han pedido a las compañías de seguros la anulación de las pólizas y la devolución de las primas abonadas, solicitud que está siendo rechazada, "produciéndose un enriquecimiento injusto de las compañías aseguradoras pertenecientes a las mismas entidades bancarias, que no han corrido ningún riesgo".
PIDE AL BANCO DE ESPAÑA QUE INFORME.
Según la oficina del Defensor del Pueblo no parece posible que las entidades financieras excusen falta de conocimiento de la situación laboral de sus clientes, pues entre la documentación necesaria para conceder los préstamos hipotecarios se encuentra el contrato de trabajo o similar.
"Por tanto, saben antes de obligar a suscribir las pólizas de seguro que no se cumple el requisito fundamental para desplegar la cobertura, el contrato laboral indefinido, lo que provoca la ausencia de interés asegurable. Además, esta Defensoría opina que podría existir un conflicto de intereses por pertenecer tanto las entidades bancarias como las compañías aseguradoras al mismo grupo financiero", señala.
Por todo ello, Cava de Llano ha pedido al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que informen sobre si tienen conocimiento de este problema, así como del número de reclamaciones que han recibido por este motivo y las soluciones aportadas.
A la oficina del Defensor del Pueblo le interesa también conocer las medidas previstas por la Administración para evitar que estas prácticas se sigan produciendo, dadas las consecuencias económicas negativas para los clientes. La investigación abierta por Cava de Llano pretende averiguar si esta situación se ha generado también con compañías de seguros independientes de las entidades bancarias.