La institución ha formulado esta recomendación para evitar la incertidumbre que este tipo de pronunciamientos causan en los clientes, "que no saben a qué atenerse ni cómo defender sus derechos e intereses".
En los últimos años el Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas presentadas por ciudadanos sobre la inclusión en los contratos de préstamos hipotecarios de la llamada "cláusula suelo".
Por este motivo, planteó en marzo de 2010 al Banco de España y a la Secretaría de Estado de Economía la necesidad de realizar alguna actuación para proteger a los consumidores, sobre todo cuando ya existían pronunciamientos judiciales que declaraban abusivas las cláusulas suelo.
La Secretaría de Estado dictó la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, sobre transparencia que, a juicio del Defensor del Pueblo, mejoró la situación, "pero no corrigió las dudas suscitadas en torno a las consecuencias de aplicación de estas cláusulas".
El Alto Tribunal dictó sentencia el pasado 9 de mayo sobre la aplicación de estas condiciones, un fallo que posteriormente ha sido completado con un auto aclaratorio en el que insiste en la nulidad de las cláusulas que no sean transparentes.