La denuncia, que además de las cinco bancos incluye a la que oficina encargada de autorizar los embargos, Mortgage Electronic Registration System (MERS), acusa a estas entidades de "prácticas comerciales injustas y engañosas" que violan le ley de este Estado.
En concreto, denuncia el uso generalizado de documentación "fraudulenta" en el proceso de ejecución, incluidos los "robos de firmas"; la realización de ejecuciones a personas que no eran en ese momento los propietarios de la hipoteca, la corrupción del sistema de registro corrupto en el MERS y los errores en las promesas de modificación de los préstamos realizadas a los propietarios.
"Lo más importante que podemos hacer para volver a una economía sana es hacer frente a esta crisis en torno a las ejecuciones hipotecarias", afirmó la fiscal general de Massachussets, Martha Coakley, quien señaló que con esta demanda buscan hacer justicia ante el "comportamiento ilegal de los bancos" y ofrecer a alivio a los propietarios.
En este sentido, explicó que su demanda alega que los bancos han trazado "una senda de destrucción" al prestar menos atención a los detalles y apresurarse a llevar a cabo las ejecuciones hipotecarias sin respetar la ley.
Hace más de un año, los 50 estados de Estados Unidos firmaron una declaración para crear un grupo que investigue de forma conjunta las ejecuciones presupuestarias en todo el país, en respuesta a las informaciones que apuntaban que algunos de los procesos podrían no haberse realizado de forma correcta, pero hasta ahora no se había producido ninguna denuncia antes la justicia.