Las empresas tendrán que informar a sus trabajadores el primer día como norma general, y excepcionalmente en los primero siete días, de las características del contrato, relativos a la descripción de las tareas, la fecha de incorporación, la duración, el salario y el horario.
Los trabajadores tendrán el derecho a saber un mínimo de predictibilidad de sus horarios con el establecimiento de horas y días "de referencia" predeterminados. Estos podrán rechazar, sin consecuencias, trabajos fuera del horario de referencia y podrán obtener una compensación si no se les notifica a tiempo la cancelación de un contrato.
Las empresas no podrán prohibir, penalizar o impedir a sus trabajadores que firme contratos con otras empresas siempre que sea fuera del horario laboral acordada por ambas partes.
Otra de las novedades es que los periodos de prueba no podrán superar los seis meses o, cuando se trate de contratos temporales, un periodo equivalente y proporcional a la duración del mismo. Asimismo, si existe un nuevo contrato para el mismo puesto, éste no podrá volver a tener un periodo de prueba.
Los eurodiputados han aprobado la nueva normativa con 466 votos a favor, 145 en contra y 37 abstenciones, aunque las empresas tendrán hasta tres años para aplicarla.
El responsable del informe aprobado por la Eurocámara es el eurodiputado liberal español Enrique Calvet, quien ha afirmado que la directiva es "el primer gran paso" hacia la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales".
"Todos los trabajadores que han estado en el limbo tendrán, gracias a esta directiva y a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), garantizados sus derechos mínimos. A partir de ahora, ningún empleador podrá abusar de la flexibilidad existente en el mercado laboral", ha enfatizado.
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