A la paralización de los lanzamientos -desahucios- se podrán acoger las familias con rentas inferiores a 19.200 euros al años, es decir, 1.597 euros al mes, y en situación de "vulnerabilidad" y "ciscuntancias difíciles". Estas familias son, según entiende el Ejecutivo, las numerosas, las monoparentales con dos hijos, las que tengan hijos menores de tres años, mayores o discapacitados a su cargo. También se incluyen aquellas en las que haya un caso de violencia de género o cuando el deudor esté en paro y con las prestaciones agotadas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que se trata de "evitar que nadie se vaya de sus casa, que no se pueda echar a nadie de su casa". Además, ha señalado que esta moratoria será de dos años, sin coste alguno, para las familias que vayan a ser desalojadas a partir de la entrada en vigor de la norma.
Las familias también deberán cumplir unos umbrales financieros. Entre ellos, que la vivienda sea la única propiedad del deudor y que haya habido un cambio significativo de la situación económica familiar. Antes esto último, De Guindos ha puesto como ejemplo que la carga hipotecaria haya apsado del 40% al 60% de los ingresos.
Además, el Ejecutivo va a crear con carácter de urgencia un parqué de viviendas en alquiler a precios "muy bajos" para quienes hayan perdido ya sus casas.
Sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que no podían admitir "demoras" porque a ellos les corresponde "actuar" y a "la oposición le corresponde valorar su postura". No obstante, ha hecho “un llamamiento a la responsabilidad del PSOE, que gobernaron hasta hace poco y no tomaron decisiones al respecto porque supongo –ha dicho- tuvieron dificultades y cero que eso de debería tener en cuenta ahora también".
El Ejcutivo también ha explicado que llevará al Parlamento otros asuntos relativos a los desahuicios para negociar con todos los grupos, también con el PSOE. Entre las materias sobre la mesa: establecer nuevos umbrales para la aplicación del código de buenas prácticas, las subastas, los intereses de demora, garantizar más independencia para las tasadoras respecto a los bancos y buscar mecanismos que eviten las cláusulas abusivas en las hipotecas.