Así lo ha afirmado la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González, quien ha reconocido que ha sido una decisión "inesperada", dado que, entre otras cuestiones, a finales de 2015, presentaron proyectos de inversiones en la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).
Por ello, ha indicado que "nos hubiese gustado algo más de lealtad por parte de la dirección de la compañía, y se nos hubiese informado directamente".
González ha afirmado que, si finalmente se cierra la planta, es un "acontecimiento triste para La Rioja, para su desarrollo económico y para el empleo" de la comunidad". De ahí, que haya querido trasmitir el apoyo del Gobierno para los trabajadores afectados, unos 471, según la propia empresa.
La consejera ha señalado que, nada más conocer la noticia, el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, se ha puesto en contacto con directivos de la compañía tabaquera, con organizaciones sindicales y patronales, con los grupos parlamentarios, así como con el Ministerio de Industria - éstos últimos han manifestado que se iban a poner en contacto con la Embajada británica, ya que la propietaria de Altadis es la británica Imperial Tobacco.
De hecho, esta misma tarde, el presidente del Gobierno y la propia González, junto a otros consejeros se reunirán con representantes de la compañía para conocer, entre otras cuestiones, las razones del cierre y las propuestas a los trabajadores.
"Queremos con el máximo respeto en la negociación, favorecer el acuerdo entre las partes, y buscar las mejores soluciones para los trabajadores", ha añadido, para anunciar también encuentros con el Comité de Empresa.
La consejera ha apuntado que, por la mañana, con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) ha mantenido un encuentro para "estudiar diferentes opciones, y de esa manera minimizar, en la manera posible, el impacto que en la economía tendría el posible cierre de la planta". No obstante, ha afirmado que su "empeño" como Gobierno "va a ser que esta factoría pueda seguir en la comunidad".
González ha indicado que también se analizarán las ayudas otorgadas a la empresa, que en muchos casos "están vivas durante 15 años", y en caso de que finalmente se vayan poder reclamárselas.