En un documento fechado el pasado 24 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, el departamento dirigido por Pedro Solbes sostiene que "no es posible concluir que la situación" de Martinsa-Fadesa, en concurso de acreedores desde mediados de julio de 2008, "genere riesgos sistémicos que puedan afectar al conjunto de la economía española".
No obstante, afirma que "la actividad de Martinsa-Fadesa presenta factores de especial relevancia, como su dimensión antes del inicio del concurso (cifra de negocios, volumen de activos o de empleo) o su presencia entre las principales empresas cotizadas de su sector".
Martinsa pidió inicialmente al Ministerio de Vivienda que emitiera el informe sobre su trascendencia para la economía, necesario para que el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña autorice su convenio de acreedores, que supera los límites establecidos en la Ley Concursal en cuanto al plazo para abonar sus deudas, que ascienden a más de 7.000 millones.
No obstante, el documento ha sido elaborado por el departamento dirigido por Pedro Solbes dado que "la actuación de la empresa concursada incide en el mercado a escala nacional" debido a su carácter de cotizada, a la extensión de su actividad comercial en más de una Comunidad Autónoma y a su dimensión internacional.
Según las cuentas de la compañía a cierre de 2007, el 20,97% de sus activos estaban situados fuera de España, al tiempo que el 37% del suelo edificable se encontraba también en el extranjero (fundamentalmente en México, Marruecos, Rumanía y Hungría).
El informe, redactado por los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda y que ya ha sido presentado ante el juez Pablo González-Carreró, ha tenido en cuenta los objetivos de interés público de la Ley de Defensa de la Competencia para ser favorable.
En concreto, cita los objetivos de libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico o la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.
El documento tiene en cuenta también que la situación de Martinsa-Fadesa "se enmarca en la coyuntura general de su sector de actividad, que atraviesa una crisis muy significativa, correspondiente a un cambio en la estructura de crecimiento económico a la que se han unido factores más generales generadores de una crisis económica internacional".
En cualquier caso, el informe recuerda que su fin es exclusivamente responder a la exigencia de la Ley Concursal y que "no prejuzga valoración alguna sobre la viabilidad de la empresa, ni sobre la propuesta de convenio presentada".
"Asimismo, la emisión de este informe en modo alguno prejuzga la posición de la Administración General del Estado o de sus órganos dependientes en el proceso de concurso de Martinsa-Fadesa", añade.
Según los administradores concursales de Martinsa-Fadesa, sus deudas ascienden a 7.005,4 millones, a la espera de que se resuelvan las impugnaciones al informe sobre situación patrimonial, que pueden modificar este importe.
Para hacer frente a ese pasivo la inmobiliaria cuenta con activos por valor de 7.404 millones, lo que arroja un superávit patrimonial de 398,6 millones, más del doble que lo anunciado inicialmente por los administradores concursales.