Mientras en el Congreso socialistas y 'populares' presentaban un texto conjunto para llevar una posición común al próximo Consejo Europeo, en el TC los socialistas registraban un recurso que, según recoge Europa Press, da dos argumentos de la inconstitucionalidad de la norma: el uso del decreto ley sin la pertinente justificación de urgencia y necesidad, y la afección que se hace a "aspectos sustanciales" del derecho de acceso a la Seguridad Social, sin respetar los límites recogidos en la Constitución.
En concreto, se cita el artículo 86.1 de la Carta Magna, según el cual los decretos ley "no podrán afectar" a los derechos, deberes y libertades regulados en el Título 1, entre los cuales el PSOE incluye el derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, tal y como está previsto en el artículo 41, incluido en dicho título.
"Esta comprensión de la Seguridad Social como un derecho constitucional se ve reforzada por su estrecha conexión con otros preceptos constitucionales de indudable trascendencia, así como por la normativa internacional y supranacional que sirve para la interpretación de nuestras disposiciones constitucionales relativas a derechos y libertades", añade el recurso, citando entre otros la Carta Social Europea.
En este sentido, se precisa que el decreto afecta a "elementos esenciales" del derecho de acceso a la pensión, al modificarse la edad de acceso y el número de años cotizados. Algo que resultará muy lesivo aunque no se trate de la modalidad ordinaria ya que actualmente el 40% de jubilaciones anuales son anticipadas o parciales.
ABUSO DEL DECRETO
Por otra parte, los socialistas alegan también que el TC debería declarar inconstitucional y anular esta norma por proceder de un decreto ley que el Gobierno presentó sin la preceptiva 'urgente necesidad', tal y como a su juicio se deduce de los "débiles" argumentos presentados por el Gobierno en la memoria de impacto normativo y en la propia exposición de motivos.
En este sentido, recuerdan que el 1 de enero de 2013 entró en vigor la reforma 27/2011 del anterior Ejecutivo socialista para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones a largo plazo que ya modificaba la jubilación parcial y anticipada, previsiones que el actual Gobierno dejó en suspenso durante tres meses para poder acometer los cambios incluidos en este decreto.
Esta modificación "con vocación de largo plazo" son prueba, según el PSOE, de que se trata de una reforma "estructural y no coyuntural, un rasgo que sólo excepcionalmente resulta compatible con la figura del decreto ley". "Más aún -abunda el recurso_si con carácter general ha optado por hacer frente a esta situación en el largo plazo a través del factor de sostenibilidad" que se negociará en el Parlamento, y para el que el Gobierno no ve "una urgencia tan elevada".
Los socialistas señalan asimismo que las medidas incluidas en este decreto ley no tendrán "plenos efectos" hasta 2019, por lo que "las consecuencias que derivarían de unas semanas -a lo sumo, meses- de demora en su aprobación a través de un proyecto de ley sería muy poco significativas y no justificarían, desde luego, una actuación excepcional".
Sobre todo porque en ese tiempo no se habría producido ningún vacío legislativo dada la existencia de la ley 27/2011, cuyo máximo perjuicio habría sido la sucesión de varias normativas en un corto espacio de tiempo. Y ello sin tener en cuenta que el Ejecutivo podría haber prorrogado ese periodo de suspensión más allá de los tres meses inicialmente previstos.
SIN VOLUNTAD DE ACORDAR
Por todo ello, el PSOE concluye que las verdaderas razones del Gobierno al presentar este decreto están en la necesidad de reducir el gasto público ante las exigencias de estabilidad financiera, pero argumenta que "la excepcionalidad del contexto de grave crisis económica no puede ser un pretexto sino un acicate para ser más escrupulosos en el respeto de los procedimientos democráticos".
Así, lamenta que no se aprovechara la ocasión para tramitar esos cambios por el procedimiento ordinario, "mucho más cuando el partido en el Gobierno cuenta con una amplia mayoría absoluta en las dos Cámara", y critica que el PP tenía una "actitud cerrada al diálogo" como prueba su rechazo a que, tras la convalidación del decreto ley en el Congreso, se negara a tramitarlo como proyecto de ley, lo que no habría interferido con su entrada en vigor pero habría abierto la puerta a las aportaciones de la oposición.
El PSOE concluye por último que el Gobierno 'popular' está abusando de la figura del decreto ley y hurta, así, la función legislativa del Parlamento, y ejemplifica esta afirmación asegurando que "en 409 días se ha venido aprobando un decreto ley cada 13 días".