El Ministerio de Industria dará a conocer "previsiblemente" este viernes los operadores de telecomunicaciones que participarán en la subasta de espectro radioeléctrico en la que se licitarán 270 MHz de las bandas de 800 MHz (dividendo digital), 900 MHz y 2,6 GHz, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
De acuerdo con el calendario propuesto, el plazo límite de las compañías para presentar sus ofertas finalizó el pasado 7 de junio y la Mesa de Contratación debía decidir antes de este jueves la admisión o el rechazo de los licitadores.
De momento, fuentes cercanas al proceso confirmaron a Europa Press la participación de Telefónica, Vodafone, Orange, Jazztel y de Ono sin precisar, no obstante, la banda de frecuencias por la que optarán. Por su parte, Yoigo, que ya ha obtenido frecuencias en la banda de 1.800 MHz por el procedimiento de concurso, no se presentará a ninguna de las bandas licitadas.
En cuanto a los operadores regionales, fuentes de la firma gallega R y de la asturiana Telecable confirmaron a Europa Press que han presentado ya su oferta para la banda de 2,6 GHz
En el proceso de subasta, en el que se efectuarán las licitaciones de espectro en ámbito nacional, excepto en los 2,6 GHz, que se realizará también a nivel autonómico, no hay a priori ningún agente excluido al contrario de en el concurso, en el que no podían participar Telefónica y Vodafone, para las bandas de 900 MHz, ni Telefónica, Vodafone y Orange, en el caso de las bandas de 1.800 MHz.
Industria ha establecido un límite de espectro de 2x20 MHz en las bandas de 1.800 MHz y de 115 MHz en las bandas de 1.800 MHz, 2.100 MHz y 2,6 GHz. Asimismo, y con el fin de evitar la especulación con el espectro, se establece la prohibición de su venta durante los dos años siguientes a su disponibilidad.
En este sentido, Industria comunicó la pasada semana que Orange se ha adjudicado las frecuencias de la banda de 900 MHz, mientras que Yoigo se lleva las tres concesiones de la banda de 1.800 MHz licitadas en el concurso de espectro radioeléctrico.
Las compañías adjudicatarias invertirán 733 millones de euros, casi cuatro veces más de lo exigido, y aportarán 168 millones de euros al Tesoro Público.
Industria ha destacado que con este proceso pretende proporcionar seguridad jurídica y predictibilidad a los operadores y a la industria de equipos a través de un marco estable hasta 2030, así como impulsar la competencia y la mayor cobertura en los futuros servicios móviles.