El pasado viernes, la Audiencia Nacional suspendió de forma cuatelarísima (sin escuchar a las partes) la obligación de presentar las citadas cartas y tras las vistas celebradas hoy deberá decidir si se ratifica en su decisión, cuestión que se espera que resuelva esta misma semana.
La suspensión judicial llegó después de que las tres compañías impugnaran ante la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecen las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010.
El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas deben presentar una carta con compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días a contar a partir de la entrada en efecto de dicha resolución (lo que ocurrió con su publicación en el BOE el 26 de octubre).
Las tres compañías pidieron al tribunal que la suspensión se mantenga al menos mientras la Audiencia Nacional resuelve sobre las cautelares solicitadas en sus respectivos recursos, lo que podría llevar entre 20 días o un mes, o hasta que el Tribunal Supremo decida sobre la suspensión cautelar de real decreto, lo que podría conllevar unos dos meses.
Las eléctricas consideran que las cartas constituyen verdaderos "contratos" y que el plazo de tres días es insuficiente para establecer sus términos, al tiempo que subrayan que el margen de negociación en lo que respecta a precios es prácticamente nulo.
Sus abogados añadieron que el real decreto distorsionará al alza los precios de mercado, con el consecuente perjuicio para el consumidor, y perjudicará a las centrales de carbón importado y ciclos combinados.
Por su parte, el representante de la Abogacía del Estado subrayó que la resolución de Energía se remitió a las compañías con antelación a su publicación en el BOE para que tuvieran más tiempo para redactar las cartas y apuntó que, de hecho, tres de las eléctricas (Iberdrola, E.ON y HC Energía) y Elcogás las presentaron en plazo.
Destacó que la obligación de presentar las cartas no viene contemplada en la resolución, sino en el real decreto que prima el uso de carbón nacional para la generación de electricidad, sobre el que sólo tiene competencia para pronunciarse el Supremo.
Apuntó que las cartas no son contratos, ya que con ellas sólo se quiere que las eléctricas expresen su voluntad de cumplir con lo establecido en la normativa, y consideró que el único objetivo de las compañías es no hacer frente a posibles "perjuicios económicos".
En su opinión, el perjuicio que supondría el cierre de centrales eléctricas que queman carbón autóctono por quedarse sin suministradores (cierre de empresas mineras) es mucho mayor que el supuesto "sobreprecio" que deberán pagar las eléctricas a las carboneras, "si es que éste existe".
Aseguró que se ha dispuesto todo para que el carbón nacional no cubra más del 9% del consumo nacional de electricidad, por lo que no conllevará la desaparición de las plantas que funcionan con carbón importado ni de ciclos combinados (gas natural), que deberán ceder espacio al mineral autóctono.
El abogado del Estado añadió que la normativa que realmente pone en marcha el mecanismo de resolución de restricciones por garantía de suministro en el que se basa la normativa en el que se basa el real decreto, es la resolución sobre procedimientos publicada el jueves por el BOE y que no ha sido impugnada por las eléctricas.