Hidalgo ha destacado que el principal eje de las nuevas Políticas Activas es la "apuesta por la eficiencia y la coordinación de los servicios públicos de empleo con un nuevo modelo basado en la evaluación y orientado hacia los resultados", superando un marco "obsoleto" que no tenía en cuenta el cambio en el marco competencial de las Políticas Activas, que ahora gestionan las comunidades autónomas.
Este cambio de filosofía se ha plasmado en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) 2013, que incluye 22 indicadores para seguir el cumplimiento de los 350 objetivos, que son tanto estructurales, de largo plazo, estables en el tiempo, comunes a todos y responsabilidad del Gobierno central, como estratégicos, que marcan las prioridades para cada ejercicio y cuya ejecución es responsabilidad de las comunidades autónomas.
Con todo ello, Hidalgo ha defendido que el plan es "sólido" y "compatibiliza flexibilidad, la adecuación a las especificidades de cada comunidad autónoma y una arquitectura común que se construirá conjuntamente poco a poco", aprovechando sinergias y mejores prácticas de unos u otros.
Además, ha rechazado las críticas por la "distribución tardía de los fondos", que el Estado aún no ha transferido a las comunidades, recordando que las comunidades pueden ir ejecutando las medidas previstas porque saben que recibirán ese dinero y porque también reservan partidas en sus propios presupuestos para estas políticas "transferidas".
"En absoluto se impide la ejecución y en cuanto tengamos la autorización de Hacienda se hará la transferencia, así que no hagamos un drama", ha añadido Hidalgo, apuntando que su voluntad es que el PAPE de 2014 sea aprobado antes, dado que las negociaciones "costarán mucho menos" porque los indicadores, los objetivos estructurales y las herramientas ya estarán definidas.
FUTUROS CAMBIOS
No obstante, ha reconocido que aún hacen falta otras actuaciones "técnicas, financieras y normativas" para completar este nuevo marco y, en este sentido, ha avanzado que el Ministerio ya está trabajando en varios reglamentos que den soporte a esta arquitectura común.
En concreto, se trata del Reglamento de Servicios que "detalle y defina los servicios, tipología y rasgos" de los objetivos estructurales para configurar un "verdadero catálogo de servicios comunes"; el Reglamento de Empleo, para "concretar programas específicos"; y el Reglamento de Formación, que "sistematice los avances" en esta materia.
También será "crucial" terminar la implantación de una nueva base de datos común para todas las administraciones donde se recoja la totalidad de las medidas de Políticas Activas de Empleo y sus beneficiarios, el coste real y el impacto que han tenido. "Esta información servirá para nutrir en el futuro una cuenta formación y, en última instancia, una cuenta empleo", ha añadido Hidalgo.
Asimismo, el nuevo modelo de programación, financiación y evaluación de las Políticas Activas de Empleo requerirá adaptar la Ley de Empleo y presentar una nueva Estrategia de Activación para el Empleo 2014-16, proyectos para los que Hidalgo ha esperado contar con el apoyo y la colaboración de las comunidades autónomas. Y también ha avanzado que en los próximos meses se afrontarán cambios necesarios en los centros especiales de empleo.
INTERMEDIACIÓN LABORAL
Al margen del cambio de cultura, otro eje de trabajo en el Ministerio es la mejora de la información con el futuro portal único de empleo, una web donde se podrá dar "la máxima difusión a ofertas de empleo y formación, y agilizar la transición al empleo, respetando el marco competencial".
Asimismo, se busca la mejora de la calidad de la intermediación laboral, para lo cual se ha firmado un acuerdo marco de colaboración entre el Servicio Público de Empleo (SEPE) y las empresas de trabajo temporal, siguiendo el modelo británico, que servirá de marco nacional común sobre cómo se debe entender la colaboración público-privada en este ámbito aunque "dejando suficiente margen de adaptación a cada territorio y colectivo" para que los gobiernos regionales puedan desarrollar programas específicos.
"Se trata de agilizar la casación de ofertas y demandas de empleo, que todos puedan sumar", ha insistido, recordando que 14 regiones ya se han adherido voluntariamente a este sistema y que las tres que no lo han hecho --Andalucía, Cataluña y País Vasco-- han participado activamente en la preparación de los pliegos de condiciones para la elección de las agencias.
Hidalgo ha insistido en que el Gobierno no pretende privatizar el servicio público de empleo sino "reforzarlo" para "sumar todas las sinergias" y ayudar a crear empleo, en lugar de duplicar gasto y perder eficiencia como hacía el PSOE contratando orientadores. En este sentido, se pagará un beneficio a las agencias cuando coloquen de forma estable a un trabajador, teniendo en cuenta para determinar esa retribución la "dificultad" de contratación del parado.
En este punto, Hidalgo ha recordado que el reparto competencial en materia de Políticas Activas de Empleo es "muy complejo" y que "exige gran coordinación" entre los diferentes niveles de la administración. No obstante, ha destacado el buen trabajo realizado en el ámbito de la conferencia sectorial, donde los diferentes gobiernos autonómicos han hecho importantes aportaciones sin expresar ni una sola crítica, según Hidalgo, por falta de respeto competencial.
GASTAR MÁS NO ES HACERLO MEJOR
Por otra parte, ha hecho hincapié en las medidas de ajuste presupuestario que han sufrido también las políticas activas de empleo y que da respuesta a la máxima de que "gastar más no significa necesariamente hacerlo mejor". Así, ha mencionado la "reordenación" de bonificaciones de contratación y la eliminación de algunas "carentes de justificación", con lo que se han ahorrado 1.700 millones.
Además, ha señalado que se han reorientado las ayudas para los colectivos con más problemas de empleabilidad y respetando las existentes e incluyendo algunas nuevas para colectivos como el de los emprendedores. También se han corregido "disfunciones" del empleo público subvencionado y en las prestaciones sociales para "devolverles su objetivo" original y poder "concentrar los recursos en quienes más lo necesitan".
Finalmente, Hidalgo se ha referido a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, con incluye cien medidas específicas para cada colectivo --'ni-nis', jóvenes sin formación, jóvenes con formación pero sin experiencia, primer empleo, parados con prestaciones o emprendedores-- y ha destacado que en el primer año de reforma laboral ya se han firmado 68.000 contratos para la formación y el aprendizaje.
"La recuperación del empleo es la máxima prioridad para el Gobierno y son muchas las medidas para favorecer ese objetivo, conformando una estrategia de activación que complementa la reforma laboral y avanza hacia un mercado de trabajo más flexible y eficiente, dinámico y adaptado a las necesidades de nuevo modelo económico más competitivo. Estas medidas forman parte de la estrategia de reforma del Gobierno, que está permitiendo recuperar la senda del crecimiento económico", ha asegurado la secretaria de Estado.
Desde la oposición, las principales críticas a la actuación del Gobierno en relación con las políticas activas se han centrado en los recortes en los fondos que se han experimentado en los últimos dos años y en que resta libertad a las comunidades autónomas para implementar medidas en un campo en el que tienen competencias.