Escapar de este círculo vicioso exige que los gobiernos propongan empleos más productivos y una protección social adecuada para lo cual hay que reforzar los incentivos del empleo formal, pero también aumentar los mecanismos de control del fraude, indica en un informe divulgado hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En el mundo en desarrollo más de 900 millones de trabajadores carecen de un empleo formal y si se incluyen los del sector agrícola la cifra se dispara hasta cerca de 2.000 millones, con lo que en este segundo caso su proporción ronda los dos tercios del total, con picos de más del 90% en el África subsahariana.
Excluyendo la agricultura, las últimas cifras disponibles eran del 76% en el África subsahariana (1990-1994), superior al 70% en el sudeste asiático (1995-99), por encima del 57% en Latinoamérica (2000-2007) del 47,3% en el norte de África (2000-2007) o del 43,2% en Oriente Medio (2000-2007).
Además, la tendencia fue al crecimiento en los últimos años, como lo prueba que en Latinoamérica se pasó de un 53% en el periodo 1990-94 a más del 57% en 2000-2007 y en el sudeste asiático del 53% en 1985-89 al 70% en 1995-99.
Dentro de Latinoamérica, los porcentajes en el último periodo disponible iban desde el 35,8% de Chile, el 37,6% de Panamá o el 38,4% en Costa Rica, hasta el 92,6% en Haití, el 74,9% en Ecuador, el 67,9% en Perú, el 65,5% en Paraguay, el 63,5% en Bolivia, el 58,2% en Honduras, el 56,6% en El Salvador, el 53,3% en Argentina, el 51,1% de Brasil, el 49,4% de Venezuela o el 47,6% de la República Dominicana.
Los autores del informe advierten de que "el empleo informal tiene un coste" en primer lugar por la precariedad de los trabajadores, sometidos al riesgo de una caída de los salarios en tiempos de crisis (ante la competencia de los despedidos del sector formal) y por una ausencia de protección social que los expone a la pobreza.
Al mismo tiempo, reconocen que el recurso a los circuitos informales puede tener efectos positivos en el desarrollo económico de ciertos países donde las formalidades administrativas son un obstáculo a la creación de empresas.
Además, para muchas personas el trabajo irregular es la forma de ganarse la vida y escapar de la pobreza, aunque a largo plazo la ausencia de estructuras formales explica el retraso en materia de desarrollo económico.
De hecho, la OCDE constata que donde el empleo informal está omnipresente, el Estado es incapaz de garantizar unas condiciones laborales justas a los trabajadores y la competitividad es baja. También que las mujeres y los jóvenes tienen que conformarse más a menudo con un trabajo en negro.
Como la solución no es hacer desaparecer las pequeñas empresas que utilizan el trabajo informal, la organización apuesta por buscar "el equilibrio justo entre el objetivo de garantizar una protección social a los excluidos de las estructuras formales y el de incitar a volver a los que han optado voluntariamente por abandonar el sector formal".
Se trata de "proponer empleos más productivos y ofrecer una protección social adecuada" haciendo más atractivo el trabajo en el sector formal y reforzando los mecanismos de lucha contra la economía sumergida.
Los autores del estudio señalan que uno de los efectos del incremento de la competencia internacional por la globalización es que, en un intento de abaratar costes, ciertos trabajadores de los propios países de la OCDE pasan a engrosar las filas del empleo informal, a veces bajo la forma de autónomos.