Los empresarios del sector quieren continuar su actividad y confían en que el recorte del 63 por ciento de las ayudas al sector se rebaje y se compense con reducciones en otras partidas del Ministerio de Industria.
Arturo Aliaga ha explicado que si la reducción de las ayudas al sector es del 63 por cien los empresarios revisarán los planes de labores y "posiblemente" presentarán "algún expediente de regulación". El consejero ha considerado que "si hay una minería que puede tener visos de futuro más allá de 2018 es la minería aragonesa".
El Departamento trabaja para que haya un marco de ayudas para el periodo 2013-2018 y para mejorar la normativa sobre la producción de carbón nacional.
CENTRALES
Durante 2011 entraron en las centrales térmicas de la Comunidad Autónoma 2,6 millones de toneladas de carbón, pero con la Orden del Ministerio de Industria del 31 de diciembre pasado Endesa pierde el derecho a utilizar 266.000 toneladas y las demás empresas también pierden. En 2012 se autoriza la combustión de 2.179.000 toneladas.
Arturo Aliaga ha indicado que Aragón produce el 30 por ciento del carbón español y solo percibe el 8,7 por ciento de las ayudas. Los empresarios quieren producir 2,7 millones de toneladas anuales.A fecha de hoy las empresas de la minería aragonesa reciben entre 5,5 y 3,11 euros por tonelada, en la producción a cielo abierto, y entre 27,44 y 30,22 en la minería subterránea.
Los empresarios han informado que, debido a la huelga del sector, está en riesgo la recepción de carbón de origen internacional en la central de Andorra. El suministro de este material es necesario porque esta central combina el carbón nacional y el de importación. Si en el plazo de 25 ó 30 días no entra el carbón internacional la central parará su actividad.
Lo mismo ocurre en la central de Escucha, que funciona con carbón autóctono y hay un stock que le permite seguir funcionando entre 25 y 30 días. "Los propios empresarios están preocupados", ha dicho.
En el caso de Andorra se añade otro problema, como es la necesidad de adaptarse a las nuevas directivas de la Unión Europea (UE) que exige medidas más estrictas para la combustión del carbón. Hay un estudio preliminar en el que la central valora la posibilidad de realizar inversiones para que continúe su actividad hasta 2030 o 2035.