Así consta en una respuesta del Gobierno a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien hace unos meses preguntó sobre la cuantía de la deuda por los impagos de la prestación por desempleo y prejubilación mediante ERE, tras la aprobación en el año 2011 de una reforma para obligar a las empresas con beneficios que despidieran o prejubilaran a trabajadores mayores a pagar su desempleo y sus cotizaciones.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo recuerda que el desarrollo normativo de dicha previsión legal no se aprobó hasta el 29 de octubre de 2012, por lo que hasta diciembre del año pasado "no se dispuso de la información necesaria para comenzar a tramitar las oportunas liquidaciones y, por ello, hasta 2013 no se ha procedido a iniciar las gestiones de los primeros expedientes".
Así, a 5 de agosto la Autoridad Laboral tiene certificado que se cumplen las circunstancias para reclamar 966.000 euros a diferentes empresas que iniciaron despidos colectivos en 2011. No obstante, el proceso aún está en fase provisional, y también se están analizando los ERE iniciados en 2012, año sobre el que aún no se dispone de datos concretos sobre importes.