Así se establece en el decreto ley de empleo sumergido aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros, tras el que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido que ello no supone una amnistía para las empresas.
Según ha señalado Gómez en rueda de prensa, "Durante el periodo de tiempo anterior (al alta del trabajador) no tendrán que pagar nada, pero tampoco habrá derechos reconocidos para nadie, se reconocerán a partir de que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación".
Esta cuestión es una de las que más ampollas han levantado en los sindicatos. Así, el primer borrador remitido por el Gobierno a las centrales establecía un año de retroactividad en el pago de las cuotas a la Seguridad Social atrasadas, mientras que el segundo recortaba aún más este plazo, hasta limitarlo al 1 de enero de 2011.
Sin embargo, la nueva formulación del plan elimina toda retroactividad, según confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo. Este cambio lleva aparejada además otra cuestión: Si el Gobierno hablaba hasta ahora de incentivos selectivos para hacer aflorar empleo mediante aplazamientos en las deudas contraídas con la Seguridad Social, estas facilidades se sustituido por una exención en el pago de esas deudas.