En un comunicado, la organización, que detalló que España cuenta con 28 plantas de tratamiento de purines, alertó además del impacto que el eventual cierre de estas instalaciones podría tener sobre granjas de porcino y empresas de toda la cadena productiva, con un "daño irreparable" para el sector ganadero y agrícola español.
ADAP explicó que el proyecto de ley prevé la aplicación de un impuesto eléctrico a la cogeneración del 6%, además del céntimo verde que encarecerá el gas industrial que utilizan las plantas de tratamiento del purín en un 7%, lo que "hace inviable el sostenimiento económico de estas plantas, única solución con la que cuentan hoy por hoy los ganaderos del porcino para descontaminar sus excedentes de purín".