El Gobierno ha fijado una multa mínima de 10.000 euros para aquellos contribuyentes que no declaren sus cuentas en el extranjero, a los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que no haya sido comunicado por el contribuyente. Ésta es una de las medidas que incluye el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, tal y como ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.