La banca española teme que las valoraciones de sus activos que están haciendo los consultores Oliver Wyman y Roland Berger sigan los mismos criterios que los que se emplearon en el plan de saneamiento de Bankia para determinar su necesidad de dinero público, informaron a Europa Press en fuentes financieras.
Estos valoradores están realizando dos pruebas de esfuerzo independientes en las que evalúan la capacidad de las entidades de afrontar eventuales pérdidas ante el deterioro de toda su cartera de crédito en un plazo de dos años bajo un escenario económico adverso.
Está previsto que estas firmas contratadas por el Banco de España y Economía entreguen sus conclusiones en la semana del 21 de junio al comité coordinador compuesto por miembros del regulador, del Gobierno, del FMI y del BCE, quienes lo calibrarán para decidir si la banca española está lo suficientemente capitalizada de cara a la necesidad de apoyo público.
Las entidades españolas lamentan desconocer los criterios de las pruebas de esfuerzo y los parámetros del escenario adverso, e inciden en que los estados financieros al cierre de 2011 que han entregado al Banco de España para su traslado a los dos valoradores no discriminan en cuanto a las pérdidas estimadas por tipo de empresa, entre otras cuestiones.
Asimismo, las fuentes financieras consultadas inciden en que el caso de Bankia no debería ser extrapolable al resto del sistema financiero español porque la entidad nacionalizada por el Estado "registraba un balance muy deteriorado" que le ha obligado a acordar con las autoridades un plan de saneamiento para garantizar su viabilidad futura y evitar perjuicios al resto del sector.
Si los valoradores utilizaran iguales criterios y parámetros a los contenidos en el plan de saneamiento y recapitalización de Bankia se podrían exagerar las necesidades de capital y de provisiones de algunas entidades, advirtieron las mismas fuentes.
Bankia ha pedido dinero público por 19.000 millones y recibirá respaldo estatal por un total de 23.465 millones tras llevar a cabo un plan de saneamiento con criterios similares a los de los últimos test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) con una exigencia de capital de máxima calidad del 9%.
MOROSIDAD DE HIPOTECAS Y PYMES.
Para pedir esta cuantía de dinero público, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha tenido en cuenta un deterioro de sus créditos en el que la morosidad escala al 8% en el caso de las hipotecas a particulares y al 16% en la de los préstamos a las pymes, e incluye las provisiones necesarias.
Además de los test de estrés de Oliver Wyman y Roland Berger, el Banco de España cuenta con la colaboración de las cuatro principales auditoras de España, Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young, para comprobar si las entidades han calificado adecuadamente sus riesgos y reconocido de forma ajustada las necesidades de provisiones.
En caso de que las auditoras identifiquen créditos mal clasificados en términos de morosidad, podrían determinar la necesidad de engordar el colchón previsto para afrontar pérdidas a raíz de un eventual impago del crédito. Sus conclusiones se conocerán, previsiblemente, a finales del mes de julio.
"Cualquier ejercicio de auditoría nos parece bien si es en aras de la credibilidad, pero nos preocupa la mezcolanza de criterios que se nos puede aplicar y que el Banco de España no nos informe de lo que está haciendo. Nos gustaría un poco más de transparencia", indicaron las fuentes consultadas.
ING Research estima que los dos últimos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno van en la buena dirección pero duda de que logren restaurar la confianza en la banca española, por lo que atisba "otra reforma" en ciernes y, quizá, "una intervención desde fuera".
Según apunta, falta un decreto que cubra eventuales deterioros en hipotecas y créditos al consumo y a empresas, posibilidad que apunta el diario 'Cinco Dias', que informa de que Bruselas exige a la banca española más provisiones a cambio de inyectarle capital europeo de forma directa.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha asegurado en la Eurocámara que el Gobierno no adoptará decisiones sobre el sector financiero hasta conocer el informe del FMI el 11 de junio y el resultado de los trabajos de valoración de Oliver Wyman y Roland Berger.