Lograr que aumenten sus conocimientos en tecnologías y matemáticas, en competencia digital y conseguir que el 43% de los jóvenes parados que no cuentan con la ESO superen esta lacra. Son algunos de los objetivos del Plan de Empleo Juvenil en el que el Gobierno con el consenso de sindicatos y patronal gastará 2.000 millones de euros, de los cuales 670 millones corresponderán a los presupuestos de 2019, 667 millones a los de 2020 y 663 millones a las cuentas de 2021.
El plan se marca como objetivos reducir la tasa de paro juvenil del 33% al 23,5% disminuyendo en 168.000 el número de personas jóvenes menores de 25 años en paro, incrementar la tasa de actividad de los jóvenes entre 20 y 29 años hasta el 73,5%, reducir en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes e incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas en este colectivo sumando en estos tres años 2,9 millones de contratos estables.
En materia de formación, el Gobierno se propone conseguir que, al menos, un 43% (100.000) de las personas jóvenes inscritas como desempleadas y, que no disponen de titulación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), adquieran competencias clave en Lengua y Matemáticas; formar, al menos, un 30% (80.000) de personas jóvenes en competencias lingüísticas; lograr que, al menos, 225.000 jóvenes se formen en competencias digitales, y formar a un 25% (40.000) en competencias de sectores estratégicos.
En cuanto a las medidas, destaca la creación de una red de 3.000 personas técnicas responsables de la orientación en el marco de los Servicios Públicos de Empleo (Programa 'Orientajoven'), que se encargará de diseñar itinerarios personalizados de inserción y de la prospección y captación de oferta. En esta línea, se dará a apoyo a la red de Servicios de Información Juvenil (SIJ) del Injuve con 110 mediadores juveniles, de tal manera que coordinándose con otras instituciones se conseguirá un efecto de ventanilla única independientemente de la organización a la que se dirijan los jóvenes. Se colaborará activamente con las comunidades de acogida de las personas jóvenes menores migrantes no acompañadas (MENA) en todo lo relativo a orientación profesional, formación e inserción laboral al objeto de fomentar su empleabilidad.
El plan también recoge una serie de programas para formar en competencias clave a como la comunicación lingüística, competencia matemática, para aquellos jóvenes con un abandono prematuro de la escolarización, y también se desarrollarán programas para formar en idiomas y competencias digitales, que estarán ligados a la contratación en puestos de trabajo "con compromiso de calidad".
Por otra parte, se recupera la cotización por desempleo en los contratos para la formación de programas mixtos de empleo y formación como las escuelas taller, entre otros. Además, se impulsará la reforma del contrato de relevo para "garantizar la transmisión de conocimientos y habilidades por parte de las personas trabajadoras en jubilación parcial y la persona trabajadora contratada a través del contrato de relevo", y se reforzará la causalidad en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial para evitar el uso abusivo de estas figuras.
También, se evaluará y revisará el actual marco de incentivos y ayudas para la contratación de calidad y el emprendimiento con el objetivo de eliminar las que sean ineficaces y en su caso, diseñar nuevos incentivos vinculados a un apoyo individualizado durante la contratación y limitados en el tiempo.
Asimismo, el plan recoge elaborar un estatuto de las prácticas no laborales para regular los derechos de las personas en esta situación y garantizar el "carácter formativo de las prácticas, la protección social adecuada y el apoyo económico durante su realización". El Estatuto de las prácticas no laborales regulará, por otra parte, los derechos de información de la Representación Legal de los Trabajadores (RLT), para que conozca el proceso de aprendizaje y pueda hacer el seguimiento del programa formativo, así como el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este Estatuto se elaborará en colaboración con aquellos Ministerios que utilicen esta figura, especialmente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y será negociado en la Mesa de Diálogo Social. También contempla programas de retorno de talento y apoyo a la movilidad de los jóvenes en el exterior.
En materia de igualdad, los Servicios Públicos de Empleo establecerán colaboración con administraciones y en especial con las administraciones locales para impulsar el trabajo de agentes de igualdad en favor de las mujeres jóvenes y con dificultades de inserción laboral del territorio local de actuación. Se promoverán incentivos a las mujeres jóvenes desempleadas para iniciar negocios que revitalicen la economía, apoyar el emprendimiento femenino y negocios de base tecnológica ('startup').
En cuanto a la economía social, se implementarán acuerdos o convenios con corporaciones locales con el objetivo de fortalecer a las entidades que la conforman y se apoyarán en estos marcos de colaboración medidas que contribuyan a la continuidad de pequeñas empresas familiares con riesgo de desaparecer, bajo fórmulas de economía social.