En su escrito de acusación, el fiscal José Grinda sostiene que los ocho acusados vinculados a MasTec, a los que les atribuye delitos de insolvencia punible, contra la Hacienda Pública y delitos societarios, "planearon y ejecutaron decisiones que, lejos de promover el desarrollo industrial del grupo, no tenían más finalidad que su vaciamiento definitivo patrimonial, conduciendo la sociedad a una situación definitiva de crisis económica irreversible".
De hecho, añade que "implantaron un modelo de gestión que, coherente con sus ilícitos propósitos, no pretende impulsar la actividad industrial de Sintel, sino hacer de ella un mero instrumento al servicio de sus intereses particulares y con menosprecio absoluto de los derechos de los trabajadores y acreedores".
Por ello, pide que los ocho acusados restituyan más de 115 millones de euros, de los que 37,39 millones corresponderían al agujero patrimonial de Sintel en el procedimiento de quiebra, y el resto se destinarían sobre todo a abonar los perjuicios materiales y morales de los 1.828 trabajadores de Sintel.
En concreto, el Fiscal Anticorrupción reclama 16,05 millones de salarios pendientes de pago y 37,67 millones de indemnización como consecuencia de la extinción de contratos de trabajo, de las que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ya anticipó 19.63 millones.
Grinda justifica que "la conducta de los acusados causó notables perjuicios a los acreedores de Sintel, entre los que estaban los proveedores y, muy especialmente, los trabajadores, siendo tales perjuicios de carácter económico y también moral o psíquico".
Por ello, además de cantidades por planes de pensiones y otros conceptos, también exige que se compense a cada uno de los trabajadores con 12.000 euros por los daños morales, lo que arrojaría otros 21,9 millones.
Los trabajadores, por su parte, reclaman indemnizaciones de 296,5 millones de euros por los perjuicios causados a la plantilla en su escrito de acusación, presentado a la espera de que se dicte la apertura de juicio oral.
Las mayores penas de prisión solicitadas por Anticorrupción (cinco años y medio de prisión) corresponden entre otros a Jorge Mas Santos y Juan Carlos Mas Santos, responsables de Mastec e hijos del empresario Jorge Mas Canosa (ya fallecido), que supuestamente contribuyeron a distraer cantidades de Sintel en favor de su familia, lo que contribuyó a quebrar a la empresa y despedir a sus 1.828 trabajadores.
En la petición de la máxima pena también figura el apoderado de Mastec José Miguel Sariego, y los presidentes de Mastec Internacional, Juan Antonio Casanova y Ricardo Campos, que ocuparon cargos de responsabilidad en Sintel, así como Joel Tomas Citrón, consejero de Sintel y vicepresidente de Mastec.
El fiscal ha pedido dos años y seis meses de prisión para el director financiero de Sintel, Pedro José Novela; y Alfredo Flórez Plaza, apoderado de Sintel International y consejero de Sintel.
El pasado 16 de enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento en el caso Sintel de ocho imputados relacionados con la sociedad MasTec por insolvencia punible y delito contra la Hacienda Pública, y el sobreseimiento de las actuaciones contra otros 16, entre ellos los responsables de Telefónica.
No obstante, en su escrito de acusación, de 81 páginas, Grinda solicita que tome declaración como testigos a 54 personas, entre ellas cinco ex directivos de Telefónica.
Entre ellos está el ex presidente de Telefónica Cándido Velázquez-Gaztelu y los ex secretarios de la compañía de telecomunicaciones Heliodoro Alcaraz y José Antonio Mas Millet.
También testificarán los antiguos directores generales de Telefónica Francisco García Aguilera y Francisco Mochón Morcillo y el directivo Luis Casado Carrasco, así como el consejero de Sintel Juan Miguel Antoñanzas.
Por su parte, los trabajadores de Sintel han pedido en su escrito de acusación que se imponga a los acusados una pena de 4 años de prisión y un multa de 20 meses a razón de 300 euros diarios (en total 180.000 euros para cada uno) por un delito de insolvencia punible.
Además, solicita que varios directivos de Sintel -Jorge Mas Santos, Juan Carlos Mas Santos, José Miguel Sariego, Joel-Tomás Citron, Juan Antonio Casanova de San Simón, Ricardo Campos Dufau y Pedro José Novela Berlín- desembolsen la indemnización de 296,5 millones de euros exigida.
Los trabajadores de Sintel también han pedido que respondan como responsables civiles subsidiarios de esa indemnización las sociedades mercantiles Mastec Inc y Artcom Technologies Corp.