En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal de Anticorrupción Alejandro Luzón muestra su disconformidad a los recursos de reforma que los antiguos cargos de la caja madrileña han interpuesto contra la decisión del magistrado de no acordar las pruebas reclamadas por ellos.
El Ministerio Público esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo para advertir de que "no cabe un alargamiento artificial" del proceso por la "sucesiva y continua" petición adicional de pruebas y que el instructor tiene el deber de "evitar un alargamiento innecesario de la fase sumarial cuando existan elementos suficientes de convicción".
DICTAMEN JURÍDICO DE PARTE
En concreto, ve "improcedente" la petición de información o las testificales solicitadas por ser "irrelevantes" o referirse a extremos ya acreditados en la causa. Entre las diligencias requeridas por Arteta (investigado por un desembolso de 138.903 euros), Martín Pascual (129.700) y Martínez (271.900), se encontraba la demanda de información sobre gastos y acceso a las tarjetas de Caja Madrid, o la declaración de un inspector de Hacienda, pero el fiscal recuerda que ya hay documentación de la Agencia Tributaria en la causa.
Por su parte, Recarte (139.900) pidió que el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Ramón Falcón y Tella ratifique su dictamen en sede judicial. A este respecto, el fiscal considera que el instructor denegó "justa y razonadamente" su pretensión al no tratarse de un dictamen pericial, sino jurídico y, por lo tanto, carecer de valor probatorio.
Andreu imputó el pasado enero a 79 antiguos miembros del consejo de administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las 'tarjetas black', en la que se cargaron en gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. En la causa también están imputados los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirector financiero de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj.