La Fundación Alternativas ha propuesto recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, pero con algunas modificaciones, como el establecimiento de un mínimo exento cercano a los 600.000 euros, lo que supone multiplicar casi por seis el límite anterior.
En un documento en el que analiza el tributo, la Fundación Alternativas explica que este nuevo límite haría que prácticamente el 75% de los declarantes dejaran de estar obligados al pago del tributo y solo lo pagaran unas 250.000 personas.
En cambio, la merma en la recaudación sería "mucho menor" y alcanzaría solo el 20%, así que la medida podría tener una buena acogida entre la población, ya que se lograría que el impuesto gravara realmente a los grandes patrimonios.
Asimismo, la Fundación propone adecuar el tributo a las circunstancias personales del contribuyente a través del establecimiento de mínimos exentos superiores para quienes tengan ascendientes o descendientes a su cargo, así como para aquellas personas con discapacidad.
Además, se inclina también por la extensión de la obligación de declaración a todos aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los 300.000 euros, para potenciar el control y la prevención del fraude.
La Fundación Alternativas apuesta también por revisar los criterios de valoración de los bienes inmuebles para aproximarlos a su valor real de mercado, tal y como ocurre en los bienes muebles. Finalmente, pide la supresión de la exención del patrimonio afecto al ejercicio de actividades económicas.
A su parecer, sería deseable que el Impuesto sobre el Patrimonio fuera establecido para todo el Estado, aunque, si no fuera posible, cree que las comunidades deberían decidir crear un tributo propio con estas características, aunque acarree ciertos inconvenientes.
Entre estas dificultades destaca la posibilidad legal de crear un Impuesto sobre el Patrimonio autonómico sin que se derogue expresamente el estatal y la sujeción a elementos patrimoniales fuera de la comunidad autónoma. Aunque se trata de problemas salvables, no excluyen completamente el riesgo de incostitucionalidad o ilegalidad.
Además, existen otros inconvenientes como la dificultad en la gestión administrativa, la competencia fiscal entre comunidades. Por todo, la Fundación Alternativas cree que esta opción solo debe considerarse si resulta imposible restablecer el impuesto a nivel estatal.