En este sentido, la institución con sede en París precisó que actualmente los fondos de pensiones, aseguradoras, mutuas y fondos soberanos controlan unos 80 billones de dólares en activos (60,5 billones de euros), de los que la cuarta parte estaba en manos de fondos de pensiones, aunque sólo el 1% de estos activos se invierte en proyectos de infraestructuras y aún menos en energías limpias.
"La crisis financiera ha expuesto las limitaciones de depender de las fuentes tradicionales de inversión financiera a largo plazo como los bancos", indicó el secretario general de la OCDE, Angel Gurría.
"Los gobiernos buscan otras fuentes de fondos que apoyen los proyectos a largo plazo esenciales para sostener una economía dinámica. Existe un gran potencial entre los inversores institucionales para respaldar el desarrollo en una serie de áreas como las infraestructuras, las nuevas tecnologías y las pymes", añadió.
Estos principios para la inversión financiera institucional a largo plazo, preparados por el grupo de trabajo de la OCDE y los miembros del G-20, establece un marco destinado a estimular la participación de inversores institucionales en activos a largo plazo.
En este sentido, se fijan unos precondiciones para la inversión a largo plazo, tales como la necesidad condiciones macroeconómicas estables, un plan gubernamental claro y transparente para los proyectos, así como oportunidades para el sector privados mediante la promoción de alianzas con el sector público.