"Se ha acabado el momento de reclamar al Estado que haga inversiones. Lo que pedimos es la soberanía sobre las infraestructuras catalanas", ha asegurado Recoder en una visita a las obras de la B-40 en Abrera (Barcelona).
El consejero ha puesto la B-40, también conocido como Cuarto Cinturón, como ejemplo simbólico de infraestructura estratégica catalana de titularidad estatal abandonada por Gobierno, y por ello ha asegurado que la Generalitat ya no quiere más traspasos ni inversiones, sino poder decidir sobre sus infraestructuras con plena autonomía.
Ha indicado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 no incluyen ninguna partida significativa para las obras del Cuarto Cinturón, que llevan unos dos años paradas, más allá de 3,6 millones simbólicos que desconoce a qué están destinados exactamente.
Se prevé que la B-40 absorbería el paso de entre 20.000 y 30.000 vehículos diarios, si bien el Estado sí que ha desdoblado otras carreteras que registran una densidad media de 3.000 vehículos en otros territorios del Estado.
AGRAVIO COMPARATIVO
Según datos de la Consejería, la N-II, cuyo desdoblamiento también ha frenado el Ministerio de Fomento, registra más de 23.000 vehículos a su paso por Girona, y la N-340 alcanza los 22.871 vehículos en Comarruga (Tarragona), y 24.053 en Vilafranca del Penedes (Barcelona).
Sin embargo, el Estado ha desdoblado otras vías de titularidad estatal de otros territorios que alcanzan una densidad de vehículos significativamente inferior, como es el caso de la A-6 en Lugo, con 7.315 vehículos diarios, y la A-43 en Ciudad Real, con 7.429.
Asimismo, el tripartito liderado por José Montilla acordó en 2006 con el Estado un protocolo que contemplaba 2.509,8 millones de euros para la licitación de obras catalanas con el objetivo de mejorar la red viaria, si bien sólo se han licitado obras por 706,7 millones, un 28,2%, y los costes de las obras acabadas ascienden a 244,2 millones (9,7%).
No obstante, el Gobierno ha anunciado inversiones en Andalucía de 4.432 millones de euros para 849 kilómetros de carreteras, y en Castilla y León las inversiones alcanzan los 3.988 millones para 916 kilómetros.
La Generalitat calcula que el Estado debe a Cataluña 4.328 millones de euros procedentes de la Disposición Adicional Tercera del Estatut (969 de 2011, 949 de 2012 y 721 de 2013).