El Gobierno se afianza en el plan de una banca pública liderada por Goirigolzarri

Los bancos no han mostrado excesivo entusiasmo por los procesos de adjudicación pendientes, los de Banco de Valencia y Catalunya Caixa, a los que se añadirá, con toda probabilidad, el de Novacaixagalicia, ya que exijen un elevado respaldo público para quedárselas.

La idea inicial del Gobierno de Mariano Rajoy era concluir las adjudicaciones de las nacionalizadas durante el primer semestre del ejercicio y que el coste de la reestructuración del sistema financiero recayese exclusivamente sobre la banca y no sobre el contribuyente.

No obstante, los dos últimos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno obligan a la banca a acometer un esfuerzo en provisiones para cubrir eventuales pérdidas por el ladrillo de 84.000 millones de euros, lo que ha congelado su interés comprador.

Asimismo, tanto las entidades como el Ministerio de Economía ven lógico aplazar las subastas hasta conocer las valoraciones que hagan sobre la banca española Oliver Wyman y Roland Berger de acuerdo al encargo del Gobierno para despejar las dudas de los mercados sobre la valoración de los activos.

Además, la última adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Sabadell ha dejado esquilmado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), instrumento que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades y con el que se están sufragando las subastas.

El rescate de Bankia, que acarrea respaldo público por importe global de 23.465 millones de euros, ha terminado de desbaratar el escenario del sector financiero, que ahora cuenta con la presencia del Estado en la quinta parte de su accionariado.

Con este telón de fondo, el departamento que dirige Luis de Guindos es consciente de las dificultades de devolver las entidades nacionalizadas al sector privado, por lo que ha puesto sus ojos en Goirigolzarri, flamante presidente de Bankia, para liderar un banco público que aglutine a las entidades nacionalizadas.

Las tres entidades nacionalizadas por el Estado suman un volumen de activos de 466.000 millones de euros en activos consolidaddos y contarían con una cartera conjunta de más de 17 millones de clientes y una red comercial compuesta por 5.475 oficinas.