El Gobierno aprobará el viernes de esta semana tanto la reforma energética, con la que espera solucionar el problema del déficit de tarifa, como la revisión de la luz para el tercer trimestre del año, en la que los ingresos del sistema eléctrico deberán ser suficientes para cubrir los costes, lo que puede implicar una nueva subida del recibo de la luz en julio.
En su reforma energética, el Ejecutivo incluirá medidas para detener la aparición de nuevo déficit de tarifa y, por otro lado, dar una solución a la deuda acumulada de 24.000 millones, que deben devolver los consumidores y que financian, en 7.200 millones, las compañías eléctricas.
La absorción del desajuste obliga a nuevos esfuerzos a los tres principales actores del sector, que son los consumidores, las empresas y el Estado. Los primeros ya han soportado subidas del 60% en el recibo en los últimos cinco años, mientras que las eléctricas ven amenazados sus 'rating' por la deuda que financian y el Estado no tiene capacidad para contribuir a la solución.
Aun así, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha advertido de que las medidas adoptadas en marzo fueron insuficientes y de que hay que poner coto a un problema que crece a un ritmo anual de 4.000 millones. Hace apenas tres meses, Industria elevó un 7% las tarifas para asumir las sentencias del Tribunal Supremo y recortó costes por 1.700 millones de euros.
Entre las medidas que estudia ahora el Gobierno figura la de gravar los combustibles con un 'céntimo verde' para financiar las renovables, lo que procuraría ingresos suficientes para aliviar el coste de las primas que, a través de la tarifa, se dedican a estas tecnologías.
El ministro José Manuel Soria también ha aludido a un aumento en la "imposición indirecta a la generación", mientras que en su departamento se trabaja en una reducción a entre 3 y 5 kilovatios (kW) del umbral de potencia con derecho a tarifa regulada, lo que obligaría a más de 9 millones de consumidores a salir al mercado libre.
Las eléctricas, que temen mayores recortes en partidas como la distribución, advierten de que, de los 18.500 millones de costes del sistema, 10.050 millones son subvenciones (7.600 millones en primas, 1.900 millones en extrapeninsulares, 500 millones para grandes consumidores y 400 millones del decreto del carbón), y que es ahí donde se debe recortar. Mientras, los operadores petrolíferos critican el 'céntimo verde' y recuerdan la alta fiscalidad que ya soportan los combustibles.
SUBASTA ELÉCTRICA.
Al margen de las decisiones que adopte el Gobierno, los expertos advierten de que será necesario elevar los ingresos del sistema y de que, para ello, no solo se elevará previsiblemente la fiscalidad, sino también la tarifa eléctrica.
El alcance de la próxima revisión tarifaria a partir del 1 de julio dependerá en parte de la decimonovena subasta de electricidad entre comercializadoras de último recurso (Cesur), que se celebrará este martes y que servirá para fijar el término correspondiente a la energía dentro de la tarifa de la luz.
El resultado de estas subastas tiene un peso cercano al 50% sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), mientras que el otro 50% corresponde a los peajes eléctricos, que sufragan los costes regulados del sistema eléctrico.
La anterior subasta, celebrada en marzo, se cerró con bajadas del 7%, si bien la TUR subió finalmente un 7% para recoger un incremento de peajes cercano al 23% con el que el Gobierno cumplía las sentencias del Supremo y garantizaba el equilibrio entre costes e ingresos.