Durante el debate en el Pleno de la Cámara de las enmiendas de totalidad contra la norma presentadas por CiU, PNV y ERC, el resto de formaciones de la oposición han coincidido en señalar que ciertos aspectos del proyecto conculcan competencias atribuidas en exclusiva a las comunidades.
Una crítica que, sin embargo, tendrá consecuencias diferentes según la formación, ya que mientras los socialistas optarán por abstenerse, UPyD votará junto con el PP en contra de los vetos, a la espera de poder incorporar modificaciones en la tramitación del proyecto. Por contra, formaciones como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el BNG o Amaiur sí apoyarán la petición de que el proyecto vuelva al Gobierno.
PROYECTO "DECEPCIONANTE"
Así, el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, reconoce que el proyecto le parece "decepcionante" porque aunque "parte de una buena intención" su aplicación "sólo traerá más confusión y litigiosidad al complejo entramado jurídico de la legislación alimentaria". "Este proyecto no nos gusta", ha insistido.
Sus principales reticencias se derivan de su convicción de que la nueva norma, que se "superpone" con normativas autonómicas e incluso invade competencias de las comunidades, no permitirá actuar más eficazmente ante crisis como la de la carne de caballo o las vacas locas sino que "complicará" la labor de inspectores y órganos sancionadores. "Los únicos que van a ganar son los despachos de abogados", avisa el diputado, que además reprocha que el Ministerio no haya dedicado "ni un minuto" a dialogar con las comunidades y los grupos de la oposición.
Josep Pérez Moya, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), no ve "comprensible ni aceptable" que se pretenda implantar una nueva ley "sin más recursos" económicos y humanos, y lamenta que se haya perdido la ocasión de presentar una "iniciativa global" que reúna todos los aspectos sobre calidad y seguridad alimentaria.
Además, acusa al PP de hacer una "lectura torticera" de la Constitución al apelar a la competencia del Estado de coordinador de la economía para "invadir competencias exclusivas" de las comunidades. "No es de recibo apelar a la unidad de mercado para vulnerar la doctrina constitucional. Es una constante provocación, y una excusa para anular o diluir legislación autonómica mucho más exigente en la defensa de los consumidores", ha añadido.
VULNERA COMPETENCIAS
De modo similar opina Marc Solsona, de CiU, que considera este proyecto "innecesario tal y como está planteado" y avanza que "sólo generará conflictos de interpretación". "Vuelven a escudarse en la excusa de la trasposición de directiva europea para vulnerar competencias, incrementar la intervención del Estado y recentralizar, unificando la normativa de las comunidades autónomas", ha reprochado.
Además, considera que se producirá un 'dumping' normativo ya que se permite el "contrasentido" de que las normativas autonómicas de calidad y defensa del consumidor "menos exigentes" puedan aplicarse en todo el país.
El portavoz de Agricultura del PNV, Joseba Agirretxea, coincide con esos argumentos al recordar que "el Estado no tiene título alguno" en materia de regulación de la calidad alimentaria, inspección y sanción, y rechaza la intención del Ministerio de utilizar la unidad de mercado para "uniformizar la regulación" y "neutralizar de forma absoluta las competencias autonómicas, quebrando así el reparto competencial".
Una "extralimitación" del Gobierno que, a juicio del nacionalista vasco, "bastaría por sí sola" para solicitar la devolución del proyecto de ley al Gobierno, cuya "marca de la casa" es esta intención "recentralizadora de competencias que no son suyas". "Evidentemente todos queremos proteger la calidad alimentaria, pero hay pasos que no se pueden admitir. No se puede hacer una ley saltándose todos los límites del reparto competencial", ha insistido el diputado.
Teresa Jordà (ERC) ha reprochado que el "principal objetivo" de la norma es "recentralizar competencias autonómicas, como el Gobierno hace habitualmente" en una "absoluta falta de respeto" al reparto competencial con la "pretensión de imponer en todos los ámbitos su ofensiva neoliberal" y "rebajando los estándares de defensa del consumidor" al permitir que se aplique la normativa "menos exigente".
"Más allá de caos normativo y de la inseguridad jurídica, permiten que las actividades de inspección y certificación de productos agroalimentarios catalanes puedan ser autorizados, por ejemplo, por entidades de Murcia, premiando en la práctica las menos estrictas", ha añadido, criticando además que se haya "perdido la oportunidad" una vez más para introducir medidas para "reducir el despilfarro alimentario", un "desafío" que "habrá que afrontar tarde o temprano".
También Olaia Fernández Davila (BNG) acusa al Gobierno de estar "obsesionado" con "invadir y recentralizar" competencias autonómicas para "imponer la unidad de mercado", al igual que Maite Ariztegui (Amaiur), que critica que el Ejecutivo "aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid" para "homogeneizar y unificar" normativas y "recentralizar competencias exclusivas" de las comunidades. "No es de ninguna manera admisible", ha dicho.
LO PIDEN LAS EMPRESAS
Ante todas estas críticas, el portavoz 'popular' de Agricultura, José Cruz Pérez Lapazarán, ha defendido que la norma pretende "dar respuesta a un vacío legal" en el ámbito de un sector "estratégico económica, laboral y territorialmente", tal y como reclama la UE. Y que para ello se prevén unos controles oficiales "armonizados" siguiendo los principios de la unidad de mercado.
Es más, según el diputado del PP esta norma ha sido reclamado por los propios operadores del sector, que "perciben una fragmentación en la unidad de mercado que les afecta muy negativamente" al sufrir "disfunciones muy graves" en el régimen inspector y sancionador según cada comunidad, una "desigualdad de trato" que "afecta negativamente a la seguridad jurídica y económica y a su elección para instalarse en una u otra comunidad".
"Hace falta un marco básico para que las empresas puedan operar en igualdad de condiciones en todo el país y para que los consumidores tengan los mismos controles de calidad en los productos", ha insistido, negando además que haya invasión competencial sino sólo un "mínimo común" con "pleno encaje" constitucional. "No hablen de invasión competencial ni de victimismo. No hay extralimitación ni invasión. Lamentamos esa confrontación con el Ministerio", ha zanjado.
Finalmente, el portavoz de Agricultura de UPyD, Julio Lleonart, por su parte, valora mejoras en ámbitos como los sistemas privados de certificación pero también rechaza algunos aspectos como la "cláusula Montoro" de no poder aumentar el gasto o el personal para implementar la ley. "Una propuesta sin acompañamiento presupuestario es un brindis al sol", señala. Además, aunque reconoce que puede haber cierta invasión competencial, cree que el "bien común" de contar con un marco general en todo el país es "más positivo".
Tras el rechazo a las enmiendas de totalidad, garantizado por la mayoría absoluta del PP, los grupos tienen hasta esta tarde para presentar sus enmiendas parciales. En principio, la Comisión de Agricultura se reunirá ya la próxima semana para aprobar el texto y enviarlo al Senado.