Según el acuerdo de Gobierno catalán --que llega después del informe del Consell de Garanties Estatutàries--, esta resolución invade competencias de la Generalitat en materia de Seguridad Social y "vacía de contenido" la de coordinación de las actividades de prevención de riesgos laborales, ambas reconocidas en el artículo 165 del Estatut.
El Ejecutivo ha recordado que desde 2008 la Secretaría de Estado aprobaba anualmente una resolución en la que reconocía a las comunidades autónomas la coordinación de estas actividades en sus respectivos territorios y la planificación de las acciones preventivas a realizar.