Ésta será la segunda vez, tras su intervención en julio del año pasado, que García-Legaz dé información a los diputados sobre las negociaciones del TTIP, un asunto que también centró la comparecencia de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, hace unos meses ante parlamentarios de ambas cámaras.
De hecho, tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Economía, Luis de Guindos, se han manifestado en diversas ocasiones favorables a incrementar la información sobre este asunto, negando en cualquier caso que haya oscurantismo en torno a un tratado que genera muchas suspicacias por el temor a que suponga una rebaja de los derechos laborales, medioambientales o sociales en la UE o a que conduzca a la privatización de servicios esenciales como el agua, entre otros asuntos.
Así, actualmente hay pendientes de tramitación sendas peticiones de comparecencia tanto del ministro De Guindos como de la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, para que informen sobre la postura del Gobierno ante el tratado de libre comercio y las posibles afecciones a sus áreas de responsabilidad.
FILTRACIONES WIKILEAKS
Sin embargo, la polémica en torno a este tipo de tratados de libre comercio ha comenzado a virar hacia el Trade in Services Agreement (TISA), un acuerdo que comenzó a negociarse en 2012 pero que saltó a la luz pública el año pasado, cuando una filtración de Wikileaks dio a conocer uno de los puntos centrales de las negociaciones, que impedía publicar el contenido de los acuerdos que se alcanzaran hasta cinco años después de que entren en vigor.
Esta filtración llevó a que en verano de 2014 la Unión Europea decidiera hacer públicas sus propuestas para el acuerdo, pero el debate sobre estas negociaciones ha vuelto a saltar a primera línea informativa tras una segunda publicación de Wikileaks y algunos medios asociados de contenidos de las conversaciones e incluso de notas internas de algunos países.
En estas circunstancias, el portavoz económico de Amaiur en la Cámara Baja, Rafael Larreina, ha registrado una pregunta parlamentaria asegurando que, a la luz de las informaciones publicadas, la aprobación del TISA supondría "un nuevo recorte democráticamente ilegítimo de soberanía" de los estados que impediría "la regulación del mercado de servicios en base a criterios sociales, medioambientales o culturales".
De hecho, propuestas en discusión como que antes de ser aprobada cualquier nueva normativa nacional deba abrirse al debate público, abriendo así la puerta a que las grandes multinacionales y los lobbies internacionales puedan modificar decisiones de los países en su propio interés, tal y como informa el diario 'Público', hacen pensar a la formación abertzale que se está "impulsando una hiperliberalización" que pone en riesgo tanto los servicios públicos como el tratamiento de los datos personales de la ciudadanía.
"El conocimiento de estos documentos está generando preocupación y alarma social en amplios sectores de la ciudadanía europea, que no entiende el oscurantismo con que se está llevando a cabo la negociación", añade el diputado vasco, que quiere saber si España también ha formado parte, directamente o a través de la Comisión Europea (CE), de estas conversaciones y cuál es su posición al respecto.
Además, el responsable de Amaiur pregunta si "no habría sido necesario debatir y fijar previamente los límites" de la negociación en el Congreso y qué medidas se van a tomar ahora para proteger los derechos democráticos de los ciudadanos. "¿Está el Gobierno dispuesto a someter a referéndum el acuerdo antes de su firma?", añade.
Es más, la formación está incluso buscando el apoyo de otro grupo parlamentario para poder solicitar la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Pleno del Congreso con el fin de que informe sobre el TISA y la postura del Ejecutivo en este sentido.