Estos acuerdos son continuación de las medidas que el Gobierno emprendió con el plan de racionalización de estructuras de la Administración General del Estado, reducción de altos cargos y reordenación del sector público, aprobado en abril de 2010, con el objetivo de incrementar su eficiencia y reducir el déficit público. En este contexto la participación del Estado en ambas fundaciones se ha ido reduciendo en los últimos años hasta dejar de ser mayoritaria.
Los acuerdos dan cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 sobre medidas de racionalización del sector público fundacional, en el que se acordó formalizar los trámites para dejar sin la condición de fundación pública estatal a ambas entidades.