Esta organización ha logrado que el Ejecutivo rectificara su propuesta inicial después de amenazar con acciones legales por discriminación al resto de mujeres que trabajan en la Administración. Este permiso surge en los últimos Presupuestos Generales del Estado y es fruto de un acuerdo de la Comisión Técnica de Oportunidades y Trato de la AGE.
Un total de 38.000 mujeres se van a poder acoger desde este viernes 26 de febrero al nuevo permiso de gestación, en lugar de 8.500, según los cálculos de CSIF, que la semana pasada ofreció una rueda de prensa para denunciar la medida del Gobierno.
Sin embargo, desde este sindicato señalan que no estarán conformes hasta que este derecho no ampare a las más de 400.000 mujeres en edad de gestación del conjunto de las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y ayuntamientos, y a las trabajadoras del sector privado.
También advierten de que en el caso de la Policía Nacional existen "lagunas" sobre el uso de este permiso de gestación, pues las mujeres de este cuerpo tienen que pedir baja médica convencional para obtener esta prestación, algo que no ocurre con las funcionarias de la Administración General del Estado, que la obtienen de forma automática.