El Gobierno espera recaudar 150 millones y crear 60.000 empleos gracias al Mobile World Congress de Barcelona

Así consta en la memoria de impacto económico, a la que ha tenido acceso Europa Press, que acompaña al decreto ley por el que el Ejecutivo renueva su compromiso con el congreso, cuya celebración en la Ciudad Condal está garantizada hasta 2018 pero que la GSMA debe renovar en las próximas semanas.

Según esta norma, el Estado ratifica su respaldo a los compromisos adquiridos por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, salvaguardando su derecho a adoptar mecanismos de compensación para recuperar el dinero que tuviera que adelantar por las obligaciones de cualquiera de ellas.

PREVISIONES MEJORES QUE HASTA AHORA

En la memoria, el Gobierno explica que en 2014 el MWC de Barcelona ingresó 400 millones de euros, generó 12.300 puestos de trabajo y permitió a las arcas públicas ingresar 30 millones de euros. En su edición de principios de 2015 ha atraído a 93.000 visitantes (+9,4%) de 200 países y a más de 2.100 compañías del sector de las telecomunicaciones.

"El impacto directo en el sector turístico en temporada baja, e indirecto en la ciudad, y la incidencia en términos de imagen de España deben ser también tenidos en cuenta", continúa el texto, que asegura que entre 2006 y 2014 Barcelona ha tenido un impacto económico de 2.500 millones de euros y ha creado unos 60.000 empleos temporales desde que celebra este evento.

Pese a estos buenos resultados, "las previsiones para los próximos años son aún mejores" ya que es "altamente probable" que se sigan incrementando las cifras de asistentes, puestos de trabajo, ingresos y recaudación.

De hecho, según la estimación "más conservadora" del Gobierno, que no incluiría ningún aumento de las cifras en los próximos nueve ejercicios, entre 2019 y 2023 la economía española recibiría 20.000 millones de euros, las administraciones públicas recaudarían 150 millones y se crearían 60.000 puestos de trabajo.

IMPACTO PRESUPUESTARIO

Y todo por un coste de 25 millones de euros para el Estado, que al renovar el acuerdo se compromete a aportar 5 millones en cada uno de los ejercicios programado, la misma cantidad que deberán pagar tanto la Generalitat como el Ayuntamiento barcelonés a la Fundación Barcelona Mobile World Capital para financiar el evento.

En este sentido, el ministro de Industria, José Manuel Soria, aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, en el que se aprobó el decreto ley, para expresar su confianza en que el nuevo Consistorio, liderado por Ada Colau no cuestione este proyecto, a lo que Barcelona en Comú respondió mediante un comunicado recordando su apoyo continuo durante la campaña electoral y su compromiso de mejorar las cláusulas de contratación para mejorar las condiciones laborales.

Con respecto a la responsabilidad máxima que el Gobierno central puede verse obligada a acatar, la memoria precisa que aunque el Estado es responsable solidario, su responsabilidad está limitada a 11 millones de euros en total por cada una de las partes y por todas las reclamaciones que pudieran surgir en un año contractual por incumplimiento o fallo.