Con las modificaciones introducidas, el procedimiento de remisión de expedientes a efectos de la fiscalización se adapta a la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Así, frente a la posibilidad que recogía la norma actual de utilizar un único formato de firma, se amplía a tres el número de formatos admitidos.
En cuanto a la tramitación de informes especiales, se adapta a lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de tal forma que el interventor actuante dará traslado de las actuaciones que constituyan infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria y que no sean constitutivas de delito a la Oficina de Conflictos de Intereses.
Asimismo, se define con mayor precisión el ámbito de comprobación material de la inversión, que afecta no sólo a contratos de obras, servicios y suministros, sino también a las encomiendas de gestión o encargos que tengan por objeto estas prestaciones.
También se modifican los plazos de solicitud de representante de la IGAE, teniendo en cuenta la experiencia en este tipo de actuaciones, y se amplia y se da mayor plazo a los gestores para realizar la solicitud. De los veinte días actuales, se amplían a treinta con carácter general y a cuarenta y cinco si la recepción ha de efectuarse en el extranjero.