El Gobierno reforzará las competencias de los fiscales en defensa de los derechos de los consumidores

El Gobierno reforzará las competencias de los fiscales en defensa de los derechos de los consumidores, según ha anunciado la portavoz del PP de Consumo en el Congreso, Andrea Fabra, a través de la presentación de una enmienda del Grupo Popular a la nueva Ley del Consumidor.

En concreto, ha avanzado que el Grupo Popular presentará una enmienda al articulado de la ley con el objetivo de "reforzar la tarea que en defensa del interés social lleva a cabo el Ministerio público", para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y "que se amplíen las competencias de los fiscales y puedan ejercitar toda clase de acciones en defensa de los consumidores y usuarios".

Fabra ha aprovechado su argumentación en contra de las enmiendas presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC a la Ley del Consumidor, que pedían la devolución al Gobierno del texto presentado, para hacer este anuncio. UPyD se ha sumado a esta petición de los 'populares' por que el proyecto de ley continúe su trámite parlamentario, por lo que estas enmiendas de totalidad han sido rechazadas.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Mientras, la responsable de consumo del PSOE en el Congreso, Pilar Grande, ha criticado que el Gobierno no ha aprovechado esta normativa para regular elementos "importantes" para la defensa de los consumidores y usuarios, como los mecanismos de reclamación, tanto individuales como colectivos, o el resarcimiento de los daños ante las prácticas abusivas.

Igualmente, ha rechazado que el texto presentado por el Ejecutivo no presente mejoras en los servicios de atención al cliente, ni la protección frente al acoso comercial telefónico, o la articulación de procedimientos extrajudiciales frente al sobre endeudamiento.

Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural en materia de consumo, Gaspar Llamazares, ha dicho que pide la devolución al Gobierno del texto presentado porque hace una trasposición "poco ambiciosa, de mínimos, y ambigua" de la directiva europea sobre la materia. "Algunos de los elementos que se trasponen ya están en la legislación y se incumplen de manera constante como el precio que se anuncia de una manera, y al que después se le añade el IVA o otros factores que incrementan la cifra", ha criticado.

Llamazares cree que debería incorporar a esta modificación legal la acción colectiva de los consumidores, un elemento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Igualmente, cree que debería servir para abordar, entre otros, los problemas, abusos y fraudes que sufren los consumidores en ámbitos como el sector del ahorro con el fraude de las preferentes, o en servicios de telefonía o energía, así como los servicios de atención al cliente.

NO RESPETA COMPETENCIAS

Desde ERC, Joan Tardà ha tachado este proyecto de ley de "desprecio a la lengua catalana" porque a su juicio vulnera derechos lingüísticos y supone "un desprecio extendible a la cultura". De hecho, dice que ninguno de los castellanoparlantes permitiría que hicieran con su lengua lo que se hace con la catalana, "ignorarla e incluso en el ámbito del consumo".

Durante su exposición, el republicano catalán ha mostrado una lata de refresco, "que se etiqueta en islandés, una lengua hablada por menos de 300.000 personas, pero en catalán no", como ejemplo de que esta lengua sufre una discriminación "particular" en Europa.

En materia competencial, el diputado de ERC ha coincidido con la diputada de CiU, Lourdes Ciuró y la del PNV, Isabel Sánchez, a la hora de criticar que este proyecto de ley es "una oportunidad perdida" porque algunas comunidades autónomas, como Cataluña o Euskadi, tienen competencia en materia de consumo y son ellas las que, a su juicio, deberían trasponer las directivas comunitarias. NO APOYA LA DEVOLUCIÓN AL GOBIERNO

Aunque, Toni Cantó, de UPyD, ha criticado que la situación actual de los consumidores no se soluciona con el texto presentado por el Ejecutivo. Así, por ejemplo, ha citado que en muchas ocasiones la velocidad del ADSL no supone ni la cuarta parte de lo contratado o el hecho de que se sigan negociando con los datos personales de los consumidores, entre otros problemas.

"Nos preocupan los contratos de permanencia, la negativa a liberar los móviles, (...) las cantidades abusivas que se cobran por devolver un recibo, y este texto no los soluciona. Es una falta preocupante de ambición del Gobierno", ha rechazado. Eso sí, ha dicho que no van a apoyar la petición de los grupos parlamentarios para su devolución al Gobierno porque sí creen que se puede mejorar el proyecto en el trámite parlamentario.

En defensa de esta iniciativa ha asistido al Congreso la responsable de Consumo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien ha defendido que esta ley modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y que además va a adaptar a la legislación española la directiva comunitaria de 2011 sobre los derechos de los consumidores.

Según ha asegurado, su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, tanto de estos como del empresario que formalizan transacciones a distancia. Además, ha explicado que introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores.

Asimismo, dice que amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de 14 días naturales y, en el caso de no haber recibido la información precisa, se amplía hasta 12 meses. Además, ha planteado un instrumento para poner fin a las molestias provocadas por el 'spam telefónico'.

Desde CC.OO., se han reclamado mejoras en la Ley y piden que se aproveche el trámite parlamentario para mejorar y ampliar los derechos y las garantías de los usuarios y consumidores, potenciando los mecanismos de reclamación individuales y colectivos, así como el resarcimiento de los daños ante prácticas abusivas.

Asimismo, ha denunciado que el anteproyecto no haya pasado por el Consejo Económico y Social y por tanto "no dispone del oportuno dictamen". A su juicio, supone una trasposición "farragosa" de la legislación europea que "empeora la actual legislación española en esta materia".