El Pleno del Congreso convalidó hoy, con 184 votos a favor (PSOE, CiU, BNG y CC) y 162 en contra, el real decreto de medidas laborales aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de marzo y, acordó tramitarlo, por unanimidad, como proyecto de Ley.
Por segunda vez en lo que va de mes, el Gobierno se ha visto obligado a aceptar en el pleno del Congreso que un real decreto de medidas urgentes -en este caso, para fomentar el empleo- sea tramitado como proyecto de ley al que los grupos podrán presentar enmiendas.
El decreto, que está en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, contiene tres bloques de medidas, uno para mantenimiento del empleo, otro para fomentarlo y un tercero para protección de los desempleados, según explicó en la Cámara el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
Entre estas iniciativas se incluye la bonificación del 50 por ciento de la cuota empresarial por los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales o que los trabajadores afectados por estos expedientes no sufran merma en su prestación por desempleo si posteriormente se les extingue el contrato.
Además, entre otras iniciativas, se bonifican los contratos indefinidos a tiempo parcial y se establece que las empresas que contraten indefinidamente antes de final de este año se puedan bonificar del 100 por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
Del paquete de medidas, ésta ha sido la más criticada, ya que tanto PNV, como Nafarroa Bai, IU y ERC-ICV la consideraron discriminatoria.
Corbacho defendió la necesidad de adoptar de forma inaplazable las medidas mientras que todos los grupos parlamentarios, a excepción del socialista, reprocharon al Gobierno que no se hayan consensuado con los agentes sociales.
Antes de explicar ante el pleno el conjunto de medidas, Corbacho ha expresado a los periodistas su malestar por los "vaivenes" de la izquierda y ha criticado la división de posturas dentro de ERC, puesto que en principio contaba con su apoyo y, finalmente, se ha opuesto.
El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, calificó de "insuficientes" e "incoherentes" estas medidas y afirmó que de nuevo se frustran las expectativas de los trabajadores.
Montoro también criticó a Corbacho por no conseguir un acuerdo dentro del proceso de diálogo social y acusó al Gobierno de actuar con improvisación.
El diputado de CiU Carles Campuzano reclamó reformas "de mayor calado" dentro del diálogo social, mientras que desde el PNV Emilio Olabarría acusó al Gobierno de haber ofrecido a los grupos tramitar el decreto como proyecto de ley "para evitar su derrota".
El diputado de ERC, Joan Tardá, entre otras razones, alegó para votar en contra, que a su grupo le ha molestado que el Gobierno "no cumpla su palabra" con respecto al papel "determinante" que, según el Ejecutivo, tendría Cataluña en la gestión del aeropuerto de El Prat.
La diputada de Nafarroa Bai Uxue Barkos recalcó que la bonificación para las empresas conllevará a mayores discrepancias y discriminaciones entre los trabajadores, mientras Rosa Díez de UPyD subrayó que el Gobierno se había comprometido a no aprobar ninguna medida sin respaldo de la patronal y los sindicatos.
Por su parte, Gaspar LLamazares, de IU, reclamó que se mantenga el diálogo social y la negociación con los partidos de izquierda y calificó algunas de las medidas de "discriminatorias".
También la diputada del BNG Olaia Fernández destacó el papel del diálogo social, pero demandó al Gobierno que se incluyan más agentes sociales.
El portavoz socialista, Jesús Membrado, aunque defendió el decreto por el carácter "urgente" de las medidas ante la actual situación económica, confió en que su tramitación como proyecto de ley permita recuperar el consenso social.