En el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros se incluye una reforma de la Ley Concursal que pretende dar más seguridad jurídica a las refinanciaciones de deuda de empresas para apoyar a las que son viables y evitar concursos de acreedores innecesarios.
Esta reforma también prevé agilizar los trámites de los despidos para que los trabajadores de empresas afectadas por un concurso de acreedores cobren más rápido.
Las nuevas medidas incluyen alivios fiscales para las empresas, como la reducción del 7 al 5 por ciento del interés de demora -el que se aplica a la liquidación de deudas entre Hacienda y los contribuyentes-, así como el mantenimiento indefinido de las deducciones por inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), para animar a las compañías a apostar a medio plazo por la investigación a pesar de la crisis.
La reducción de los intereses de demora supondrá un ahorro del 28,5 por ciento respecto a las tasas que actualmente los ciudadanos y empresas tienen que pagar en sus retrasos con el fisco, es decir, que para una deuda de mil euros los intereses se reducen de 52,5 a 37,5 euros.
El paquete también incluye la cobertura por parte del Estado de los riesgos de impago empresariales y de las pérdidas que esos incumplimientos ocasionan a las aseguradoras de crédito con el objetivo de facilitar operaciones comerciales por un importe de hasta 40.000 millones de euros.
Además, el Real Decreto Ley reforma en una pequeña parte la norma del mismo rango aprobada anteriormente, para hacer más atractivas a los inversores las emisiones de las entidades financieras avaladas por el Estado, que tendrán la misma calificación que el Reino de España por parte de las agencias de rating.