Estos permisos, situados en Asturias, habían sido concendidos en 2003 a Repsol, que ha ejercido de titular y operador único de los proyectos, y que, tras los estudios en la zona, ya pidió en 2011 su renuncia a los mismos y la declaración de extinción.
En 2010, todos estos permisos lograron una prórroga excepcional de un año. Sin embargo, en ese momento el Gobierno ya dio por extinguido el área de Ballena 3, ante la falta de objetivos exploratorios.
La legislación contempla la posibilidad de que los titulares renuncien a los permisos. La Administración, a la que revertirán las áreas extinguidas para su consideración de zona franca y registrable, devolverá ahora a Repsol el dinero retenido como garantía para cumplir los requisitos de la Ley del Sector de Hidrocarburos.