En el texto, que recoge Europa Press, la coalición de izquierdas argumenta que este acuerdo "va mucho más allá del comercio" ya que su impacto será "amplio e irreversible en muchos aspectos de la vida cotidiana" de los ciudadanos europeos en materias como la salud, la alimentación, el trabajo, el medio ambiente, los derechos laborales o las políticas de privacidad.
"Incluso podría cambiar profundamente la manera en que usamos las instituciones democráticas para establecer regulaciones en todos estos campos, asaltando, por tanto, derechos de la ciudadanía", añade la Izquierda Plural, que afirma que las estimaciones sobre el impacto en el crecimiento del PIB, el ahorro para las familias o la creación de empleo que propiciará el acuerdo son irreales y "carecen de base técnica o económica", además de que no tienen en cuenta los costes adicionales que provocará el "debilitamiento" de algunas regulaciones de interés público.
BENEFICIOS PARA LOS LOBBIES.
Uno de los puntos "más preocupantes" en el documento que se está negociando es la inclusión de un mecanismo de solución de controversias entre los inversores y los estados, que "permitiría a los inversores extranjeros eludir a los tribunales nacionales y presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de arbitraje, a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas".
"Se trata de un privilegio para las empresas más poderosas, inconcebible e injustificable entre dos sujetos políticos con tribunales de justicia desarrollados y plenamente operativos", considera la Izquierda Plural, que señala que si en el arbitraje se determina que unas políticas democráticas pueden reducir las ganancias proyectadas por un inversor se podría "obligar" al Gobierno a indemnizar a la empresa, "limitando así la libertad democrática para legislar".
De hecho, este tipo de mecanismos "ya existen en otros acuerdos comerciales" y han resultado "desastrosos" para países como Argentina, Australia o Canadá, que han tenido que pagar sanciones millonarias por decisiones adoptadas por sus instituciones democráticas.
A esto hay que añadir la posibilidad de crear un Consejo de Cooperación Regulatoria entre Estados Unidos y la UE, compuesto por representantes de ambos gobiernos y de empresas, que podría analizar los impactos de la legislación sobre sus negocios antes de que se aprueben las normas. "Los lobbies empresariales, por lo tanto, podrán coordinar estrategias para bloquear los esfuerzos legislativos, incluso antes de que se pongan en marcha", precisa el texto.
DUMPING NORMATIVO.
Además, la Izquierda Plural cree que este acuerdo podría conllevar una reducción de las normas de la UE sin necesidad de tocar los tratados lo que, a su vez, conllevaría un 'dumping' normativo "sin precedentes" del que se beneficiarían las empresas a través de filiales subsidiarias instaladas en el país con una regulación más ventajosa.
Esto podría conllevar, por ejemplo, más facilidades para privatizar servicios de agua o limitar las políticas favorables a las pymes, además de "limitar fuertemente" las opciones para incluir criterios sociales o medioambientales en la contratación pública. A la larga, este acuerdo que "socava el multilateralismo comercial" podría incluso "debilitar la posición de la UE en el mundo", concluye la Izquierda Plural.
Por eso, pide al Gobierno que muestre formalmente a las instituciones comunitarias su rechazo a la actual propuesta de acuerdo comercial entre la UE y el Gobierno de Barack Obama.
OSCURANTISMO EN LAS NEGOCIACIONES.
No obstante, las críticas de IU-ICV no se centran sólo en el contenido del documento, sino también en las formas ya que "a pesar de la importancia de la cuestión, los negociadores de la CE mantienen el oscurantismo sobre la dimensión de las negociaciones y sobre el impacto real que supondrían los acuerdos".
"La falta de transparencia que están caracterizado las negociaciones es una vulneración en el derecho de todo ciudadano a saber lo que se está negociando en su nombre. El mandato de negociación que el Consejo de la UE dio a la Comisión todavía está clasificado como un documento secreto, e incluso a los miembros del Parlamento Europeo, que desempeña un papel importante en las relaciones comerciales de Europa, sólo se les permite el acceso limitado a los textos de negociación", lamenta la coalición.
Por eso, en su iniciativa piden al Ejecutivo que envíe a los grupos parlamentarios la información completa sobre cada ronda de negociación, y que convoque un pleno monográfico en el Congreso sobre el contenido del acuerdo y sobre el estado de las deliberaciones bilaterales.