Según la enmienda de la Izquierda Plural, que recoge Europa Press, este proyecto de ley "no es aceptable" porque "insiste en negar un diagnóstico global de la situación y se empeña exclusivamente en demonizar las energías renovables y acusarlas en exclusiva del déficit tarifario".
"El desajuste existente (entre ingresos y gastos del sistema eléctrico) se debe a un problema estructural de la regulación del sector, cuya solución pasa por un cambio profundo y no por múltiples retales aprobados por el Gobierno, que sólo crean incertidumbre, inseguridad jurídica y no solucionan los desajustes", añade.
AUDITORÍA CONTINUA
Además, IU-ICV-CHA advierte de que "si no se cambia en profundidad la regulación del sistema eléctrico y se revisan todos los conceptos del déficit tarifario con una auditoría continuará aumentando la hipoteca de todos los ciudadanos con las compañías eléctricas e incumpliéndose las previsiones de costes".
De hecho, ya avisan de que "las cifras planteadas en esta ley y las previsiones sobre las que se fundamenta ya no se corresponden ni a los informes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y son incompatibles con las decisiones del Gobierno sobre la evolución de la tarifa eléctrica y con la propia realidad de los datos del mercado eléctrico en 2013".
Esto se debe, por una parte, a la reducción de los ingresos regulados y, por otra, al mantenimiento e incremento de determinadas partidas de costes que deberían ser replanteadas, como el servicio de interrumpibilidad "en un escenario de sobrecapacidad", la devolución de la financiación del bono social o los costes de los combustibles en los sistemas insulares y extrapeninsulares. "La necesidad de los 2.200 millones no sería exclusivamente causa de las energías renovables", insisten.
Por todo ello, la Izquierda Plural concluye su veto instando al Gobierno a retirar el proyecto y a "buscar el consenso" con los grupos políticos, las organizaciones ecologistas y los grupos sociales para hacer "un acertado y no sesgado diagnóstico de la situación de déficit tarifario" y poder así "abordar una reforma integral de la Ley del Sector Eléctrico que configure un mercado competitivo y transparente, que internalice los costes ambientales y sociales derivados de cada tipo de tecnología y que fomente el ahorro y la independencia energética".
JUSTIFICACIONES "DEMAGÓGICAS"
Por su parte, ERC define el proyecto de ley como "maniqueo y falaz", y señala que se trata de "un nuevo parche en el grave problema del déficit tarifario eléctrico, con el agravante de pretender culpabilizar a las energías renovables".
Además, cree que está basado en justificaciones "demagógicas" alegando que será el Estado el que asuma el coste en lugar de subir la tarifa a los consumidores, cuando los fondos con los que se pagarán estos 2.200 millones salen de los bolsillos de los ciudadanos.
Porque, "para mayor trágica ironía", el crédito se hace "a cargo de la deuda pública en lugar de hacerlo a costa de los consumidores o de las empresa eléctricas", lamentan los independentistas catalanes, que critica al Ejecutivo por "descartar otras posibles soluciones" que, a su juicio, pasan "indefectiblemente" por abordar una "necesaria y urgente" reforma del sector.
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
El proyecto de ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero.
En el texto, se contempla un préstamo de 2.200 millones de euros al sistema eléctrico procedente de los Presupuestos para garantizar su suficiencia económica en 2013 y evitar subidas de la tarifa de la luz. Con estos fondos se cubrirá una parte de los costes de las primas del régimen especial, que incluyen renovables y cogeneración.
Ambas enmiendas de totalidad serán debatidas el próximo jueves en el Pleno del Congreso, y el plazo para presentar las enmiendas al articulado concluirá (salvo prórroga) el próximo día 9 de abril, para ser posteriormente debatidas en la Comisión parlamentaria de Industria.