Junta andaluza reclama 4,9 millones por cinco expedientes de ayudas a UGT-A

En su comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha precisado que espera terminar el análisis de los otros 16 expedientes "para la próxima comisión de octubre o como muy tarde para noviembre".

Sánchez Maldonado ha explicado que en la Consejería actualmente se encuentran en diferentes fases administrativas 21 expedientes, por valor de 26 millones de euros, de los que cinco tienen propuesta firme de resolución de reintegro, de los que dos expedientes de ayudas pertenecen a la Dirección General de Relaciones Laborales, por 1,8 millones, y otros tres expedientes, tres nuevos expedientes de reintegro ya firmados, corresponden a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por 3,1 millones de euros. De esta forma, los cinco expedientes suman 4,9 millones de euros.

El consejero ha precisado que a estas cantidades "habrá que sumarle los intereses, dependiendo del momento temporal en que se realice el reintegro".

Por su parte, los otros 16 expedientes se encuentran en diversas fases diferentes de reintegro, ante lo que el consejero confía en avanzar "bastante", de manera que considera que "estaremos en condiciones de poder terminar para la próxima comisión de octubre o en el mes de noviembre", para lo que ha pedido "un nuevo esfuerzo a los funcionarios".

Sánchez Maldonado, quien destaca la "total colaboración con la Justicia", ha resaltado la "máxima transparencia y claridad y el máximo control y compromiso de transparencia" por parte de la Consejería en cuanto a los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A iniciados y tramitados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Ha recordado que los expedientes de subvenciones a UGT-A analizados corresponden a la Dirección General de Relaciones Laborales, donde "siguen instruyéndose nueve procedimientos, correspondiente a 2008, 2009 y 2010; y de esos nueve, dos han pasado a procedimiento de resolución de reintegro en firme, en concreto un expediente de 2009 por valor de 1,1 millones, y otro expediente de 2010, con un importe de reintegro por 688.000 euros".

De esta forma de los nuevos expedientes revisados en ese área, dos ya tiene resolución de reintegro por 1,8 millones, mientras que el resto siguen el procedimiento de reintegro, analizándose las alegaciones y documentación presentada por UGT-A.

Otro bloque de expedientes analizados corresponden a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, donde hay seis procedimientos en fase de inspección avanzada.

El tercer bloque de expedientes analizados corresponden a la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con seis procedimientos de revisión iniciados, de los que ya se habían ordenado resoluciones de reintegro en dos expedientes, uno del Programa Orienta de 2009 y 2010 por 1,8 millones de euros, a la que se suma una nueva resolución de reintegro ya firmada, por la que se ha elevado una propuesta por valor de 1,3 millones. De esta forma, en el caso del SAE se encuentran tres expedientes con propuestas de resolución por valor de 3,1 millones.

CRÍTICAS DEL PP E IU

El diputado del PP Rafael Carmona ha lamentado la "información parca" y "muy pocos datos" ofrecidos por Sánchez Maldonado, al que le pide celeridad en el proceso y al que ha preguntado sobre si se han efectuado exoneraciones o si se han detectado facturas falsas en dicho análisis.

Por su parte, el diputado del PSOE Carmelo Gómez considera que este procedimiento "es un ejemplo de claridad y transparencia" y pide que "se colabore entre todos, y sigamos un camino lejos de juicios sumarísimos y de la Santa Inquisición".

La diputada de IU Rosalía Martín también considera que "faltan datos" y ha pedido "aclarar datos, presupuestos, destinos de las subvenciones, y hacerlo todo con celeridad".

Martín aboga por "repensar el Servicio Andaluz de Empleo, pues el problema es el SAE y ese organismo no nos vale tal y como está planteado; así no puede seguir funcionando y ha llegado el momento de reformarlo, es necesario y urgente cambiar y reestructurar las competencias, pues el SAE ha sido y es el epicentro de escándalos en Andalucía".