Con esta medida, la inmobiliaria que controla y preside Fernando Martín pretende contar con los instrumentos necesarios para el caso de que el Gobierno no prorrogue más allá de este año una moratoria aprobada en 2012 para la disolución de inmobiliarias con patrimonio negativo.
El próximo 31 de diciembre concluye una disposición aprobada en diciembre de 2012, y prorrogada en febrero de este año, que deja en suspenso el artículo 363 de la Ley de Sociedades (la disolución de empresas con patrimonio negativo), en los casos en que la disminución del patrimonio derive del deterioro del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias.
En el orden del día de la junta de Martinsa, la inmobiliaria destacaba que esta disposición gubernamental "ha paliado la necesidad de proceder a un reequilibrio patrimonial como consecuencia de las pérdidas acumuladas, el deterioro constante de los activos y de la actividad derivada de la situación del propio mercado inmobiliario".
Dada la próxima conclusión de la disposición del Gobierno, Martinsa ve necesario contar con otros "mecanismos adicionales", entre los que cita la ampliación de capital.
PAGO EXTRAORDINARIO A FERNANDO MARTÍN.
Entre el resto de puntos del orden del día de la asamblea figuraba el de someter a la consideración de los socios el informe de remuneraciones de los consejeros.
El correspondiente a este ejercicio contemplaba que el presidente y accionista de control de la compañía, Fernando Martín, cobrará una retribución de carácter "extraordinario y única" que puede sumar un importe total de hasta 9 millones de euros en caso de que la inmobiliaria cumpla el convenio de acreedores con que hace dos años superó el mayor concurso de la historia.