La sentencia desestima el recurso del Gobierno y da la razón al Ejecutivo comunitario, que denunció que España no había puesto en marcha los controles administrativos y sobre el terreno necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos de concesión de ayudas.
Por ello, Bruselas impuso a España una corrección a tanto alzado del 2% del total de 6,1 millones de euros de gastos relativos a dicho régimen de primas durante los ejercicios financieros de 2003 a 2006.
En su sentencia de este miércoles, el Tribunal de Justicia considera que España "no ha demostrado que existiese un sistema de control fiable y operativo que no fuese susceptible de generar pérdidas" a los fondos europeos y por ello ratifica la multa de la Comisión.