La deuda que mantiene el Gobierno balear con los proveedores asciende a 1.104 millones de euros

El Gobierno balear mantiene una deuda con los proveedores de 1.104,8 millones de euros, un agujero que está dificultando el "desarrollo de la actividad económica" de la comunidad. A este pasivo hay añadir que debido a la situación de déficit que arrastra la región, los recursos financieros que consume la administración "no están fluyendo hacia los sectores productivos" --sector privado--, una situación que el Ejecutivo autonómico se propone invertir en los próximos meses.

Así lo ha informado el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, en rueda de prensa junto al presidente del Gobierno balear, José Ramon Bauzà, convocada para dar cuenta del estado de las cuentas de la comunidad, el día después de que el Gobierno central haya aprobado el plan de equilibrio financiero que deberá permitir a Baleares ir reducir el déficit y sanear las finanzas.

Por primera vez, el nuevo Gobierno balear ha dado cifras sobre el estado de las cuentas de la comunidad. Así, tras revelar que el Gobierno balear debe más 1.000 millones de euros a los proveedores (facturas contabilizadas pendientes de pago), el responsable económico ha señalado que a 30 de junio de 2011 el déficit real de la comunidad es de 575 millones de euros. "La brecha entre ingresos y gastos se abre de manera continuada durante esos años", ha manifestado Aguiló, quien ha desgranado que en 2010 el déficit alcanzó los 967 millones de euros, cuando cuatro años antes (2006) se situaba en 3 millones de euros.

Aguiló ha recordado que el objetivo de déficit público para las comunidades autónomas en 2011 se sitúa el 1,3% del PIB, lo que equivale para Baleares a 355 millones de euros.

El presidente del Gobierno balear ha afirmado que pese a tener este escenario económico tan adverso, el Ejecutivo no subirá impuestos, no aplicará el 'copago' sanitario, ni prevé recortar el salario a los funcionarios públicos. Tampoco están en peligro los servicios básicos en educación ni sanidad y "bajo ningún concepto" se cerrarán puntos de atención continuada (PAC).

Bauzà ha garantizado que los 380 millones de euros que el Gobierno balear debe ahorrar este año para cumplir con el plan de saneamiento procederán del recorte drástico que aplicará el Ejecutivo a la estructura institucional, eso es, se suprimirá todo aquello prescindible. "Los ciudadanos no deben pagar por lo que otros han hecho", ha enfatizado el presidente.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)