El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, ha abogado por "clarificar" el papel de las diputaciones provinciales y ha reflexionado sobre la posibilidad de "incentivar e impulsar la agrupación o fusión de pequeños municipios, tanto por razones de ahorro como de eficiencia".
Chaves, quien ha inaugurado la VII Conferencia de la Sociedad Española de Evaluación, ha indicado que "en ningún sitio está escrito que la estructura actual de las diputaciones provinciales deba mantenerse tal y como existe en estos momentos", por lo que ha abogado por "clarificar" competencias de estas instituciones y considera que "hay que profundizar sobre las formas y los instrumentos de prestaciones de los servicios públicos a las corporaciones locales".
"Es necesario avanzar en la clarificación de competencias, teniendo en cuenta que de los más de 8.000 municipios que hay en España, 25 millones de españoles residen solo en 145 municipios de más de 50.000 habitantes", ha agregado el vicepresidente, quien ha apuntado que "hay de esos más de 8.000 municipios hay 4.862 municipios, el 60 por ciento, que tiene menos de 1.000 habitantes".
Por ello, Chaves ve "necesario" efectuar "un análisis detallado que ponga negro sobre blanco sobre las necesidades y las posibilidades de prestación de los servicios públicos a lo largo y ancho de nuestra geografía" y considera que "tendremos que procurar un esfuerzo y las formas más idóneas para la mejor calidad de esos servicios así como su mayor eficiencia y eficacia, incluyendo la posibilidad de impulsar e incentivar la agrupación o la fusión de municipios pequeños para ahorrar y para ser más eficientes, siempre desde unos principios fundamentales de voluntariedad y de respeto a la autonomía local".
En su intervención Chaves ha destacado la labor del Gobierno para lograr "una simplificación administrativa y en la eliminación de cargas administrativas", toda vez que, según ha recordado, "las cargas administrativas en España para empresas, ciudadanos y administraciones públicas supone el 4,6 por ciento del PIB".
En ese sentido, ha resaltado el aumento "exponencial" registrado en los últimos años de la administración electrónica "que nos ha situado en un lugar de privilegio, reconocido internacionalmente" y que, según asegura "ha supuesto hasta ahora un ahorro de más de 10.700 millones de euros".
"Hay que mantener y garantizar el espacio de lo público como espacio de solidaridad" y ha abogado por incrementar la introducción de principios de "eficacia y eficiencia" en la gestión pública, para que esta sea "capaz de cumplir con sus funciones de asegurar los derechos".
Asimismo, considera la evaluación de las políticas públicas como "un instrumento que nos debe servir para mejorar los procesos de decisión, planificación y ejecución, además de ser un instrumento muy útil para priorizar objetivos sobre todo en una etapa como ésta de crisis, la evaluación nos debe servir para mejorar la gestión y distribución de los recursos y facilitar la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos".
En ese sentido, ha resaltado la importancia de los sistemas de instrumento de evaluación como instrumento para "lograr un buen gobierno" y para "ganar en eficacia y eficiencia" en la gestión pública, y ha resaltado que en estos momentos de "necesaria austeridad" es esencial la evaluación del comportamiento de los poderes públicos y ha indicado que en aras de esa austeridad se deriva en la necesidad de "elegir las políticas y priorizar el gasto".
"El fin de la gestión pública debe ser conseguir la excelencia a la hora de la asignación de recursos, priorizando las demandas que sean mas justas para los ciudadanos y mayor eficacia para la sociedad", ha agregado Chaves quien apunta que "el 97 por ciento de ciudadanos considera prioritario los gastos en educación, sanidad o pensiones como los más importantes y en ningún caso se debe recortar".
Por ello apunta que la asignación de recursos y los presupuestos se efectúa "no tanto en términos económicos sino por criterios políticos". "La priorización de políticas públicas se mueve en términos de eficiencia y eficacia, y de dinamización económica, pero no solo bajo criterios de mercado", ha agregado Chaves, tras lo que ha resaltado otros valores a la hora de efectuar la evaluación de las asignaciones como "cohesión social, solidaridad, cooperación o equidad entre comunidades".
Por su parte, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, considera que "siempre es un buen momento para hablar de servicios públicos en una sociedad que apuesta por la cohesión social y que tiene a ésta como factor para ser competitiva" y ha dejado claro que dicha cohesión social "no es caridad sino un factor para tener una sociedad más fuerte como sociedad en sí misma y respecto a otras".
Ávila ha situado el VII Acuerdo de Concertación Social como ejemplo del "papel avanzado" de Andalucía en el desarrollo de instrumentos de evaluación de políticas públicas, una disciplina que, a su juicio, facilita la toma de decisiones de los gestores públicos.
Asimismo, ha señalado que "avanzar en el análisis de la acción pública significa avanzar en democracia, en la eficiencia y transparencia del Estado de Derecho", aspecto que convierte a la evaluación en "una cuestión de Estado", porque su finalidad es "ser útil a los gestores públicos de la toma de decisiones". Desde este punto de vista, ha indicado, "la evaluación pública es una necesidad y una oportunidad, que racionaliza la gestión, informa y abre cauces de participación ciudadana".
El consejero ha indicado que la comunidad andaluza ha avanzado en este ámbito, en el que el Estatuto de Autonomía "incide en varios de sus artículos y señala la necesidad de incorporar la evaluación de políticas en la gestión pública".
En este sentido, ha subrayado que la Junta de Andalucía cuenta, en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, con una Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, con competencias para el seguimiento y evaluación de los programas financiados con fondos europeos y de la propia planificación económica de la comunidad. Asimismo, ha puesto la concertación con los agentes económicos y sociales "como ejemplo de instrumento de evaluación de las políticas públicas".
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Evaluación, José Luis Osuna, ha destacado que esta conferencia es un evento "crítico" que puede "incluso contradecir lo establecido en las políticas públicas" y ha destacado la importancia de las políticas de evaluación, que "sirven para medir la mayor o menor eficacia de las políticas públicas".
No obstante, ha recordado que "han proliferado agencias de evaluación tanto externas como públicas" y ha rechazado aquellas evaluaciones "que sirvan de coartada para recortes sociales, usando solo criterios económicos" y aboga por "reconsiderar" algunos parámetros.
Por su parte, el rector de la Universidad de Sevilla Joaquín Luque, ha dado la bienvenida a todos los participantes y ha destacado el carácter técnico de los procesos de evaluación así como su importancia ante la gestión de las administraciones públicas.