El auto estima la apelación del banco que preside Francisco González contra un fallo anterior que daba por finalizada una ejecución hipotecaria, y establece que los usuarios de la hipoteca contratada en 2007 deberán hacer frente al pago de la totalidad del préstamo tras la adjudicación.
Este fallo, contra el que no cabe recurso, establece que los dos deudores deberán responder por la deuda pendiente más el pago de intereses por importe total de unos 50.000 euros, después de que BBVA se adjudicara la vivienda al 50% del valor de tasación cuando se formalizó el crédito.
El auto argumenta que "no puede apreciarse abuso de derecho alguno" por parte de BBVA "por ejercitar las acciones concedidas por ley reclamando el pago de las cantidades que se le adeudan como consecuencia de un préstamo hipotecario y de su ejecución judicial, cuando se han cumplido absolutamente todas las premisas legales".
La sentencia recoge un voto particular que subraya la dramática situación que suponen los numerosísimos procedimientos de ejecución hipotecaria, "consecuencia para una mayoría de ejecutados de una situación económica y financiera que no ha sido fruto de su voluntad, debiendo situarse su origen y responsabilidad en otras instancias".
Asimismo, dicho voto indica que la dación en pago, solución que implica la anulación del préstamo con la entrega de la vivienda, no ofrece una solución normalizada en la actualidad, a pesar de estar recogida en la legislación hipotecaria.