El PSOE, el PDeCAT, el PNV y Compromís han solicitado a última hora de este martes celebrar una comisión extraordinaria del Pacto de Toledo en el Congreso con el fin de debatir y votar las recomendaciones con las que han venido trabajando los últimos años e intentar que se consiga algún tipo de acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales.
Los cuatro portavoces de estas formaciones en el Pacto de Toledo han registrado esta solicitud horas después de que la reunión prevista por la mañana acabara en fracaso después de que el PP y Unidos Podemos, que suman mayoría en la Mesa de la Comisión, mostraran su rechazo a celebrar esta comisión y dieran por cerrados los trabajos del pacto. Pese a esta solicitud, PP y Unidos Podemos siguen teniendo la llave para convocar esta sesión. Además, Ciudadanos también se ha mostrado contrario a celebrar la convocatoria después del enfrentamiento vivido este martes en la comisión.
"Lo de hoy ha sido un despropósito. La ciudadanía tiene que saber de qué hemos estado hablando", ha reivindicado Mercè Perea, portavoz de los socialistas en la comisión, que ha exigido contar con "una nueva oportunidad" para poder cerrar un acuerdo. Iñigo Barandiaran, del PNV, ha criticado la "ruptura" explicitada por Unidos Podemos, pues pese a reconocer su derecho a presentar votos particulares, cree que "no existen motivos de calado" para ese rechazo, y destacando las cesiones que han aceptado todos los grupos.
Por parte del Grupo Mixto, Carles Campuzano, del PDeCAT, ha lamentado que Unidos Podemos "ha debilitado la política" puesto que la falta de acuerdo en el Pacto de Toledo "va a dar razones a aquellos partidarios de que las políticas de pensiones hay que dejarla en manos de los tecnócratas". "Han hecho un flaco favor al Estado del Bienestar", ha dicho.
"La izquierda política no puede estar en nada de acuerdo con lo que se ha hecho hoy, que se ha hecho un gran favor a la derecha política y económica de este país", ha abundado Ignasi Candela, de Compromís, criticando una decisión "unilateral" de "una parte" de Unidos Podemos en la reunión de este martes.
Las negociaciones para cerrar unas recomendaciones que estaban prácticamente acordadas y que debían servir para orientar en los próximos cinco años una reforma que garantizase la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones han saltado por los aires y han provocado un enfado monumental. Acusan todos al populismo y a los intereses electorales de esta falta de acuerdo final.
Los políticos son conscientes de que con el Pacto de Toledo no se puede jugar y que hay muchos acuerdos que se quedan en el limbo si no se ponen de acuerdo.
Revalorización de las pensiones según el IPC real.
Déficit de la Seguridad Social: Acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficit de los regímenes especiales era uno de los temas más espinosos, no en vano, es uno de los pilares para mantener la política de pensiones.
Separación de fuentes de financiación: El Estado puede plantearse abonar con transferencias directas los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones como maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales.
Aportación del SEPE: En estos dos años se ha estudiado la conveniencia de redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema de pensiones y reduciendo el dirigido al SEPE (Servicio Público de Empleo).
Deuda histórica: Resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, analizando compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones (Comunidades Autónomas) sin menoscabo de los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social.
Período de cálculo: Se amplía más allá de los 25 años a los que se llegará en 2022, llegando incluso a toda la vida laboral, y permitiendo escoger los años más favorables en casos de largas carreras de cotización.
Pensiones de viudedad: Las mejoras en la base de reguladora deben ser financiadas por transferencias del Estado. Es necesario una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar en el resto de los casos si se quiere mejorar la de las mayores de 65 años.
Pensiones mínimas: Incremento hasta un umbral mínimo pero de forma equilibrada, para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones no contributivas para no desincentivar la cotización.
Edad de jubilación: Acercar la edad real de jubilación a la edad legal, endureciendo los requisitos para acceder a la anticipada e incentivando el envejecimiento activo.
Suficiencia: Concretar qué es una pensión suficiente, con un mecanismo que puede ser una tasa de sustitución que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores.
Fondo de Reserva: Situar su dotación mínima en el 7 % del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad.
Lagunas de cotización: El Estado debe compensar la falta de cotización de colectivos, como las mujeres que cuidan de personas dependientes, con medidas para evitar los vacíos de cotización involuntaria, permitiendo el "traslado o reparto" de cotizaciones.
Control del fraude: Luchar contra la economía sumergida para que afloren empleos en ámbitos específicos, como el de empleados del hogar, y proteger a los colectivos vulnerables, como los becarios, trabajadores sin afiliación o autónomos económicamente dependientes (trade).
Previsión social complementaria: Fomentar planes de pensiones empresa de pensiones vinculados a los organismos sin ánimo de lucro sin descartar incentivos fiscales.
Jóvenes: Garantizar las carreras de cotización de los jóvenes que trabajan de forma discontinua y mejorar el control de la inspección de trabajo sobre los becarios.
Autónomos: Que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial.
Sistemas especiales: Culminar su integración en el Régimen General, analizando los incentivos (bonificaciones o reducciones) para ver si es necesario mantenerlos o reordenarlos y simplificarlos.
Rendir cuentas al Pacto de Toledo: Que el Gobierno dé cuenta cada año del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo e informe de las medidas que piensa implementar para cumplirlo.
Impuesto al robot: Encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no un aumento del empleo. Se ha hablado de apostar porque los robots paguen impuestos.