La propuesta --que han apoyado PSC, ICV-EUiA, C's y CUP-- contemplaba expropiaciones de hasta tres años a bancos, a entidades financieras en general y a sus filiales inmobiliarias pero no a particulares, para "dar cobertura necesaria de vivienda a personas en circunstancias especiales de emergencia social".
Jordi Terrades (PSC) ha destacado que, según los datos oficiales, el año pasado hubo en Cataluña más de 40.000 ejecuciones hipotecarias, y ha lamentado que sea "más fácil rescatar bancos que rescatar a las personas".
"Les guste o no, el sistema financiero, los bancos y las cajas, deben ser parte de la solución" a esta preocupación, ha asegurado el diputado socialista.
Desde CiU, Meritxell Roigé ha lamentado que el PSC no impulsase desde el Govern las medidas que ahora defiende, y ha destacado que las expropiaciones forzosas hechas en Andalucía "se pueden contar con los dedos de una mano".
El popular Pere Calbó ha argumentado que el PSC pretende recuperar "las políticas fracasadas del tripartito basadas en el intervencionismo mal entendido", y que el problema de la vivienda no se resuelve con la imposición.
Jordi Cañas (C's) ha recordado que, cuando Carme Chacón (PSC) fue ministra de Vivienda, creó juzgados especializados en 'desahucios exprés', y ahora su partido propone todo lo contrario, expropiar pisos desocupados, y ha lamentado que "tardasen tanto en ver que explotaría la burbuja inmobiliaria".
ICV-EUiA y CUP han destacado que la vivienda es un derecho fundamental que figura en la Constitución, y, según Quim Arrufat (CUP), la función de todo gobierno es estar con quien sufre y no amparar "el derecho a robar y expoliar".
"El derecho a la propiedad tiene un límite, que es su función social", ha destacado el ecosocialista Salvador Milà, que ha defendido la gestión que hizo su partido del área de Vivienda de 2003 a 2010, ante las críticas de CiU y PP.
El diputado de ERC Roger Torrent ha asegurado que su formación se ha abstenido porque no quiere "crear faltas expectativas", y ha emplazado a la clase política a hacer autocrítica, porque las políticas de vivienda que se habían hecho no han resultado efectivas.